De la Espriella sube el tono y cierra la puerta a pactos locales con criminales
Imagen: El Tiempo - Política
El presidente De la Espriella volvió a lanzar una advertencia a los gobernadores: no habrá margen para acuerdos locales con estructuras criminales. El mensaje, repetido tras su señalamiento al mandatario de Nariño en Mompox, endurece el pulso entre la Casa de Nariño y las regiones.
El presidente De la Espriella elevó nuevamente el tono frente a los gobernadores y dejó claro que su gobierno no tolerará acuerdos por fuera de los canales institucionales con estructuras criminales. La advertencia, que ya había quedado planteada en Mompox durante un señalamiento directo al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, ahora se convierte en una línea política más nítida: cualquier intento de abrir diálogos locales sin el aval del Ejecutivo será leído como una ruptura de la disciplina estatal.
La nueva declaración no es un detalle menor ni una simple réplica retórica. En la práctica, marca el terreno sobre el cual el Gobierno pretende conducir la política de seguridad y de paz: una sola voz, un solo mandato y ninguna zona gris para negociaciones dispersas en los territorios. El mensaje apunta de forma directa a mandatarios regionales que, presionados por la violencia de grupos armados, han explorado salidas alternativas para contener la expansión criminal en sus departamentos. Pero el Presidente parece decidido a cerrar cualquier margen para iniciativas que, a su juicio, puedan desbordar la autoridad central o legitimar interlocutores sin capacidad real de desmovilización.
Este episodio revela una tensión de fondo que Colombia conoce bien: la distancia entre la urgencia de los territorios y el control político de la Casa de Nariño. Gobernadores y alcaldes suelen ser los primeros en enfrentar las consecuencias del dominio territorial de las organizaciones ilegales, desde amenazas contra líderes sociales hasta extorsión, confinamientos y ataques a la movilidad de las comunidades. Sin embargo, en la visión del Gobierno, permitir mesas locales sin coordinación nacional puede terminar fortaleciendo a los mismos actores que se busca debilitar. Ahí está el dilema: cómo responder con rapidez en regiones asfixiadas por la violencia sin fracturar la política pública ni abrir espacios de negociación paralela con actores criminales.
La advertencia también tiene lectura política. De la Espriella no solo habla para los gobernadores; habla para el país y para sus propias bases, en medio de un debate cada vez más sensible sobre hasta dónde puede llegar el diálogo como herramienta de pacificación. Al reiterar que no habrá tolerancia frente a pactos clandestinos, el Presidente busca marcar autoridad y blindarse frente a eventuales costos políticos si la estrategia de seguridad no produce resultados inmediatos. Pero al mismo tiempo deja sobre la mesa una pregunta incómoda: en un país donde la violencia se administra muchas veces desde las periferias, ¿puede el Gobierno central imponer control absoluto sin escuchar la realidad de quienes gobiernan en la línea de fuego?
