Senado advierte al Gobierno: presupuesto debe pasar por el Congreso, no por decreto
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La discusión del presupuesto nacional volvió a tensar la relación entre el Gobierno y el Congreso. Desde el Senado, Sara Castellanos advirtió que sacar las cuentas por decreto sería una mala señal institucional y defendió que el trámite debe surtirse en el Legislativo.
El pulso por el presupuesto nacional subió de tono en el Congreso luego de que Sara Castellanos, presidenta de la Comisión Tercera del Senado, advirtiera que no sería conveniente que el Gobierno intentara expedirlo por decreto. La senadora de Salvación Nacional insistió en que la facultad de aprobar el Presupuesto General de la Nación recae en el Congreso, y que saltarse ese debate enviaría un mensaje político delicado en medio de la presión fiscal que enfrenta el país.
Según explicó Castellanos, la discusión de fondo no es solo procedimental, sino fiscal. La congresista sostuvo que el proyecto en trámite busca “sincerar” las cuentas públicas, es decir, ajustar las cifras a la realidad del Estado sin acudir a nuevos impuestos. Ese enfoque es clave porque pone sobre la mesa una pregunta que atraviesa toda la discusión presupuestal en Colombia: cómo financiar el gasto público sin agravar la carga sobre ciudadanos y empresas, en un momento en que la economía sigue mostrando señales mixtas y la recaudación no da mucho margen de maniobra.
El reclamo de la senadora también revela algo más profundo: la fragilidad de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en uno de los debates más sensibles del año. En Colombia, el presupuesto no es solo un documento contable; es la radiografía de las prioridades del gobierno y, al mismo tiempo, una prueba de gobernabilidad. Cuando el Ejecutivo recurre a salidas excepcionales, como la expedición por decreto, suele ser porque no logró construir mayorías en el Congreso. Por eso, la advertencia de Castellanos no debe leerse como una simple objeción técnica, sino como una señal de que la negociación política sigue siendo el cuello de botella de las finanzas públicas.
Lo que está en juego, en últimas, es el equilibrio entre disciplina fiscal, legitimidad institucional y capacidad de ejecución. Si el Gobierno insiste en una ruta unilateral, podría aliviar el trámite inmediato, pero a costa de profundizar la desconfianza con el Legislativo y abrir un nuevo frente de controversia política. Si, por el contrario, logra acuerdos en el Congreso, no solo protegería el debate democrático sobre el gasto, sino que también consolidaría una señal de estabilidad que hoy necesitan tanto los mercados como los hogares que sienten cada ajuste en el bolsillo. En un país acostumbrado a resolver las urgencias presupuestales al límite, la forma en que se aprueben las cuentas del Estado importa tanto como el monto final.
