Paz total sin cierre: el Estado pagó $125.174 millones y no logró resultados finales
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno colombiano habría invertido $125.174 millones en los diálogos de la llamada paz total sin cerrar acuerdos finales ni lograr el desmantelamiento de los grupos con los que negoció. El peso del gasto recayó sobre todo en transporte aéreo y esquemas de protección.
La llamada paz total dejó una factura de $125.174 millones para el Estado colombiano y, hasta ahora, un saldo mucho más discutible en resultados: no hay acuerdos finales con los grupos armados y bandas urbanas que fueron parte de esos procesos, y el gobierno de De La Espriella ya se mueve para desmontar buena parte de esa arquitectura de negociación. El dato, revelado por EL TIEMPO en su sección de Política, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: cuánto costó mantener abiertas esas mesas y qué consiguió realmente el país a cambio.
Según la información conocida, el grueso de esos recursos se concentró en dos frentes muy concretos: transporte aéreo y medidas de protección. En la práctica, eso significa operación logística, desplazamientos, seguridad para voceros, esquemas especiales y todo el aparato que acompaña a unas conversaciones complejas en medio de una guerra fragmentada y de una criminalidad urbana que se mueve entre la violencia política y el negocio ilegal. El problema no es solo el monto, sino la ausencia de resultados verificables: sin desmovilización, sin cierre de ciclos negociadores y sin un desmantelamiento real de las estructuras armadas, el balance queda expuesto a la crítica política y fiscal.
Este episodio ayuda a entender por qué la paz total terminó convertida en uno de los mayores activos y, al mismo tiempo, en una de las mayores cargas del gobierno que la impulsó. En Colombia, negociar con grupos armados no solo implica voluntad política; exige control territorial, reglas claras, verificación internacional y capacidad estatal para convertir los diálogos en hechos concretos. Cuando eso no ocurre, el costo se acumula en caja y también en credibilidad. Para la ciudadanía, especialmente en regiones golpeadas por el conflicto y para quienes viven atrapados entre extorsión, homicidios y economías criminales, el debate no es abstracto: se trata de si esos recursos pudieron haberse usado en seguridad, justicia, presencia institucional o protección de víctimas.
El desmontaje que ahora promueve el gobierno de De La Espriella sugiere un giro de fondo: pasar del lenguaje de la negociación amplia al de la contención, el repliegue y la revisión de resultados. Pero el daño político ya está hecho. La paz total dejó una lección difícil de ignorar en Colombia y también en otros países de la región: sentarse a dialogar con actores armados puede ser necesario, pero si no se traduce en acuerdos verificables y desarme efectivo, la factura termina siendo alta no solo en dinero, sino en confianza pública. Y esa, una vez perdida, cuesta mucho más recuperarla que cualquier traslado en avión o cualquier escolta asignada.
