Landinez defiende salida negociada mientras avanza ley de sometimiento
Imagen: El Tiempo - Política
El representante Heráclito Landinez defendió que Colombia debe avanzar hacia una salida negociada al conflicto mientras arranca en el Congreso la discusión de la ley de sometimiento. El debate pone sobre la mesa cómo desarmar estructuras criminales sin debilitar la justicia ni premiar la violencia.
Con el arranque de la discusión de la ley de sometimiento en el Congreso, el representante del Pacto Histórico Heráclito Landinez volvió a poner sobre la mesa una tesis que divide a la política colombiana: a mediano y largo plazo, el país debe apostar por una salida negociada al conflicto. La postura del congresista, recogida por EL TIEMPO, llega en un momento en que el gobierno intenta abrir camino jurídico para el desarme y la desarticulación de estructuras armadas ilegales que siguen golpeando a regiones enteras.
Landinez plantea que la solución no puede reducirse a una lógica exclusivamente punitiva, porque la persistencia de economías ilegales, actores armados y control territorial en distintas zonas demuestra que el conflicto mutó, pero no desapareció. En esa lectura, la ley de sometimiento sería una herramienta para encauzar la desmovilización de grupos criminales bajo reglas definidas por el Estado, con incentivos limitados, controles judiciales y obligaciones claras para quienes quieran acogerse al proceso. La apuesta, sin embargo, no es menor: cada concesión, cada beneficio y cada mecanismo de verificación será examinado con lupa por una oposición que suele advertir riesgos de impunidad.
El debate importa porque Colombia lleva décadas moviéndose entre dos modelos que rara vez se han reconciliado: la mano dura y la negociación. Cuando el Estado no logra monopolizar la fuerza en territorios periféricos, cualquier intento de someter estructuras armadas termina exigiendo algo más que operativos: necesita un marco político, jurídico y social que permita desmontar redes criminales sin repetir errores del pasado. Ahí está el punto sensible de esta discusión. Si la ley queda corta, puede terminar siendo un saludo a la bandera; si se desborda en beneficios, puede abrir la puerta a un costo político alto y a una nueva frustración ciudadana.
Lo que está en juego, en el fondo, es si el país es capaz de construir una política de seguridad que no dependa solo de capturas y golpes militares, sino también de rutas institucionales para cerrar ciclos de violencia. La discusión apenas comienza, pero ya deja claro que la ley de sometimiento será una prueba de fuego para el Gobierno y para el Congreso: medirán no solo su capacidad de redactar normas, sino también de convencer a una sociedad cansada de promesas de paz y de violencias que se reciclan bajo nuevos nombres.
