Gobierno De La Espriella endurece su relación con la prensa y refuerza el control del mensaje
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara una política de comunicaciones que endurece el acceso de la prensa y pone filtros previos a las entrevistas. La medida también limita el uso de cuentas personales de funcionarios, una señal de control político sobre el relato oficial.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella avanza hacia un modelo de comunicación más cerrado, en el que las entrevistas con funcionarios no serán de acceso libre y requerirán autorización previa, mientras que el uso de cuentas personales en redes sociales también quedará sujeto a límites más estrictos. La decisión marca un giro frente a la lógica de apertura que suelen reclamar los medios y organizaciones de prensa, y anticipa una relación más controlada entre el Ejecutivo y los periodistas que cubren la Casa de Nariño.
De acuerdo con lo informado por El Tiempo - Política, la nueva política de comunicaciones no solo ordena el flujo de entrevistas, sino que también busca regular de manera más estricta la forma en que ministros, asesores y demás voceros del Gobierno usan sus perfiles personales para comunicar mensajes oficiales o políticos. En la práctica, esto significa que la administración pretende centralizar la narrativa pública, reduciendo los espacios de improvisación o mensajes contradictorios que muchas veces salen desde cuentas individuales y terminan marcando la agenda informativa del día.
El fondo de esta estrategia es político y comunicacional a la vez. Todo gobierno busca controlar su mensaje, pero cuando esa intención se traduce en filtros previos para hablar con la prensa, el debate se mueve rápidamente hacia la transparencia y el derecho ciudadano a estar informado. En Colombia, donde la relación entre poder y medios suele ser tensa en los primeros meses de cualquier administración, este tipo de medidas suele leerse como una apuesta por blindar al Gobierno frente a preguntas incómodas, escándalos potenciales o voces internas que puedan desentonar con la línea oficial. Y en una era en la que las redes sociales permiten que cualquier funcionario se convierta en vocero, limitar las cuentas personales también revela una preocupación por evitar fugas discursivas, pero al mismo tiempo reduce la espontaneidad y el escrutinio público.
La pregunta de fondo no es solo cómo hablará el Gobierno, sino cuánto espacio dejará para ser interrogado. Si la administración De La Espriella consolida este modelo, la prensa tendrá menos margen para acceder de manera directa a los funcionarios y los ciudadanos recibirán una versión más administrada de los hechos. Eso puede ayudar al Ejecutivo a sostener disciplina interna, pero también abre un debate mayor: si la comunicación pública se convierte en una operación de control y no en un puente con la sociedad, la consecuencia suele ser un deterioro de la confianza y más ruido político en vez de menos.
