Drones explosivos disparan la violencia en Colombia y ya golpean casas, escuelas y estaciones
Imagen: infobae
Los ataques con drones explosivos en Colombia se dispararon 146% entre enero y mayo de 2026, según la Defensoría del Pueblo, y ya no golpean solo zonas de combate. La alerta incluye daños a viviendas, escuelas y estaciones de servicio en áreas rurales y urbanas.
La guerra en Colombia está entrando en una fase más peligrosa y menos visible: los drones explosivos dejaron de ser una amenaza táctica en el campo de batalla para convertirse en un riesgo directo para la población civil. Según advirtió la Defensoría del Pueblo, entre enero y mayo de 2026 estos ataques aumentaron 146% y ya causaron afectaciones en 14 viviendas, tres instituciones educativas y dos estaciones de servicio, un balance que confirma que la violencia armada está cruzando con rapidez hacia zonas rurales y urbanas.
De acuerdo con la entidad, el uso de artefactos explosivos lanzados desde drones no solo se ha expandido en número, sino también en alcance territorial. Lo que antes podía interpretarse como una herramienta aislada de grupos armados para hostigar a sus rivales, hoy aparece como un mecanismo más frecuente y más indiscriminado, con capacidad de impactar infraestructura esencial y espacios de uso cotidiano. El dato es particularmente grave porque involucra escuelas y estaciones de servicio, lugares que por su naturaleza concentran población civil y aumentan el riesgo de una tragedia mayor.
Este salto en la violencia no ocurre en el vacío. Colombia ya venía enfrentando un deterioro en varias regiones por la persistencia de disidencias, estructuras criminales y otras organizaciones armadas que compiten por rentas ilegales y control territorial. La incorporación de drones explosivos a ese conflicto cambia las reglas del juego: permite atacar sin exponer tanto a los perpetradores, dificulta la prevención y obliga a las autoridades a responder a un tipo de amenaza más barata, más móvil y más difícil de neutralizar. Para las comunidades, eso significa vivir bajo una sensación de vulnerabilidad todavía más aguda, porque el riesgo ya no está confinado a carreteras, retenes o enfrentamientos abiertos, sino que puede caer desde el aire sobre casas, colegios o zonas de comercio.
La alerta de la Defensoría también debería leerse como un llamado a revisar la capacidad real del Estado para anticiparse a esta evolución de la violencia. Si los ataques con drones siguen creciendo a este ritmo, el país puede terminar normalizando una forma de guerra que degrada aún más el derecho a la vida, la educación y la movilidad en regiones enteras. Y aunque el dato afecta sobre todo a territorios golpeados por el conflicto, su impacto termina extendiéndose a todo el país: cada vez que la violencia se adapta y el Estado va detrás, la frontera entre lo rural y lo urbano se vuelve más frágil, y la seguridad cotidiana de los colombianos también.
