Ley anticapuchos avanza en el Congreso y enfrenta reparos por la protesta

La llamada ley anticapuchos dio un paso en el Congreso, pero su camino está lejos de cerrarse. Tras superar el primer debate, la iniciativa aún debe pasar por tres discusiones más antes de convertirse en realidad, en medio de críticas de la oposición que advierte sobre un posible efecto de criminalización de las marchas y de la protesta social en Colombia.

Según informó El Tiempo - Política, el proyecto apunta a sancionar conductas vinculadas con personas encapuchadas en el marco de movilizaciones, con el argumento de proteger la seguridad ciudadana y facilitar la identificación de quienes cometen actos violentos durante disturbios. Sin embargo, el texto todavía debe definir con mayor precisión el alcance de las sanciones, qué comportamientos específicos serán castigados y cómo se evitará que la norma termine golpeando a quienes participan en manifestaciones pacíficas.

La discusión no es menor: en Colombia, cada vez que el Congreso intenta regular la protesta, reaparece el mismo dilema entre orden público y garantías democráticas. La oposición sostiene que una ley de este tipo podría terminar confundiendo a los violentos con los manifestantes y abrir la puerta a abusos contra quienes ejercen su derecho a protestar. Para el Gobierno y sus aliados, en cambio, el foco está en quienes usan el anonimato para delinquir dentro de las marchas y no en quienes salen a la calle de manera legítima.

Lo que ocurra en las próximas sesiones será clave para medir si el proyecto logra suficiente respaldo o si termina atascado por las tensiones políticas. En el fondo, la discusión no solo trata de capuchas: pone sobre la mesa hasta dónde puede llegar el Estado para controlar el desorden sin recortar libertades que, en una democracia, deberían seguir siendo intocables.