Autoridades cortan más de 10.000 conexiones ilegales en cárceles de Santander
Imagen: El Tiempo - Política
En sus primeros 50 días de gestión, las autoridades en Santander reportaron el traslado de 91 presos y el decomiso de elementos prohibidos en cárceles de la región. Además, cortaron más de 10.000 conexiones clandestinas de electricidad dentro de los establecimientos penitenciarios.
Las cárceles de Santander entraron en el radar de las autoridades con una intervención que combina traslados de internos, decomiso de objetos prohibidos y un golpe a la infraestructura ilegal que sostenía privilegios dentro de los penales. En los primeros 50 días de gestión, se reportó el traslado de 91 presos y el corte de más de 10.000 conexiones clandestinas de electricidad, una cifra que revela hasta qué punto el control interno estaba debilitado.
De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo - Política, la operación también dejó incautados elementos prohibidos en distintos centros de reclusión del departamento. El anuncio fue presentado como parte de una ofensiva para recuperar el orden carcelario y limitar prácticas que, según las autoridades, venían facilitando condiciones de comodidad indebida para algunos internos. La frase con la que se resumió la medida fue contundente: los detenidos trasladados no estaban siendo movidos por capricho, sino para cumplir condena en otros lugares donde el control sea más estricto.
Lo más grave de este balance no es solo la cifra, sino lo que sugiere sobre el estado de las prisiones: redes ilegales de energía, ingreso de objetos no permitidos y capacidad de ciertos presos para sortear la vigilancia institucional. En Colombia, el sistema penitenciario arrastra desde hace años problemas de hacinamiento, corrupción interna y control territorial por parte de estructuras criminales dentro de los mismos pabellones. Por eso, una intervención de este tipo no se reduce a una medida administrativa; también es una señal política de que el Estado busca retomar el mando en espacios donde ha perdido autoridad.
El impacto de estas acciones va más allá de los muros carcelarios. Si las autoridades logran sostener los operativos, el mensaje es que el sistema penitenciario no seguirá funcionando como una prolongación de privilegios para unos pocos, mientras la mayoría de reclusos enfrenta condiciones precarias. Pero el desafío real apenas comienza: desmontar conexiones ilegales y mover internos no resuelve por sí solo la crisis estructural de las cárceles. Sin vigilancia permanente, estas prácticas tienden a reaparecer, y el control del Estado vuelve a quedar en entredicho.
