El PP pone bajo la lupa las participaciones del Estado en el Ibex 35
Imagen: infobae
El PP plantea retirar al Estado de participaciones en empresas del Ibex 35 si llega al Gobierno, una medida que los analistas ven con buenos ojos a largo plazo. El respaldo, sin embargo, depende de que la desinversión sea selectiva, transparente y guiada por criterios económicos.
El Partido Popular ha puesto bajo la lupa las participaciones que mantiene el Estado en empresas cotizadas del Ibex 35 y abre la puerta a vender parte de esos paquetes accionarios si alcanza el Gobierno. La idea, según el análisis recogido por infobae, es vista por expertos como una señal favorable para el mercado porque reduciría la presencia pública en compañías privadas y podría mejorar su autonomía y valoración a largo plazo.
La lectura de los analistas es clara: una salida del Estado del capital empresarial puede beneficiar tanto a las compañías como a los inversores, siempre que no se convierta en una operación improvisada o condicionada por intereses partidistas. El matiz es importante. No se trata solo de vender activos, sino de definir qué participaciones se desprenderían, en qué momento y bajo qué criterios. En ese terreno, la transparencia y la lógica económica serán decisivas para evitar distorsiones en el mercado y suspicacias sobre posibles favores o castigos políticos.
El debate no es menor en España, donde el Estado ha mantenido durante años posiciones relevantes en sectores estratégicos o históricamente sensibles. Ese papel puede dar estabilidad en ciertos contextos, pero también introduce tensiones cuando la propiedad pública convive con empresas que compiten en mercados abiertos y responden a la lógica de los accionistas. Para el PP, revisar ese mapa encaja con una visión más liberal de la economía; para sus críticos, podría significar una pérdida de influencia pública sobre sectores considerados clave.
En términos prácticos, la cuestión no es solo ideológica sino financiera y regulatoria. Una desinversión bien diseñada podría reforzar la confianza de los mercados y enviar una señal de que el Estado quiere dejar de actuar como accionista estructural en empresas privadas. Pero si el proceso se hace sin claridad, con urgencia electoral o sin una hoja de ruta definida, el efecto podría ser el contrario. Por eso, más que una promesa de campaña, el asunto se perfila como una prueba de credibilidad económica para el PP y como una discusión de fondo sobre hasta dónde debe llegar el Estado en la economía española.
