Gobernador de San Andrés denuncia presuntas irregularidades en hospital departamental
Imagen: El Tiempo - Política
El gobernador Abelardo De la Espriella puso bajo la lupa presuntas irregularidades administrativas en el Hospital Departamental de San Andrés. Entre las alertas mencionadas figuran equipos médicos, nóminas paralelas y contratos de aseo, radiología y fotocopiadoras.
El gobernador de San Andrés, Abelardo De la Espriella, anunció medidas frente a presuntas irregularidades detectadas en el Hospital Departamental de la isla, en un movimiento que abre un nuevo frente de control sobre el manejo de recursos públicos en el sistema de salud local. Según informó El Tiempo - Política, el mandatario señaló anomalías relacionadas con equipos médicos, nóminas paralelas y varios contratos de apoyo operativo, una combinación que eleva las dudas sobre la administración del principal centro asistencial del departamento.
De acuerdo con la información conocida, entre los puntos observados por la administración departamental figuran gastos asociados a aseo, radiología y hasta fotocopiadoras, además de posibles inconsistencias en la contratación y en la estructura de pagos del hospital. La denuncia no solo apunta a un problema contable o administrativo: sugiere una red de decisiones que, de confirmarse, comprometería recursos destinados a la atención de pacientes en un territorio donde el acceso a servicios de salud ya es limitado por la geografía, la dependencia logística y la presión sobre la red pública.
El caso importa más allá de San Andrés porque pone sobre la mesa una discusión vieja y persistente en Colombia: la fragilidad de la vigilancia sobre los hospitales públicos y la facilidad con la que, en muchas regiones, los recursos sanitarios terminan atrapados entre contrataciones opacas, sobrecostos o esquemas de personal difíciles de auditar. En una isla donde cada peso cuenta y donde cualquier falla administrativa se traduce rápidamente en menos capacidad de respuesta para los usuarios, una alerta de esta naturaleza no puede despacharse como un simple trámite interno. Si las anomalías se confirman, el debate no será solo sobre responsabilidades individuales, sino sobre el nivel real de control que ejercen las autoridades sobre el gasto público en salud.
Por ahora, el anuncio del gobernador deja una señal política clara: la administración quiere marcar distancia de cualquier práctica que comprometa la transparencia en el hospital. Lo que sigue será determinar si las presuntas irregularidades derivan en decisiones disciplinarias, fiscales o incluso penales. En un territorio como San Andrés, donde la confianza institucional pesa tanto como la infraestructura médica, el desenlace de este caso puede terminar definiendo algo más que una auditoría: puede medir la capacidad real del Estado para cuidar lo básico.
