De la Espriella condena atentado contra exalcalde de Jamundí
Imagen: infobae
El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella condenó el atentado contra Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí, en el que murió un escolta de la UNP. El hecho reaviva la preocupación por la violencia contra liderazgos locales y esquemas de protección en el Valle del Cauca.
El atentado contra Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí, volvió a poner en primer plano la fragilidad de la seguridad para dirigentes locales en el suroccidente colombiano. En el ataque murió Felipe López, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hacía parte del esquema de seguridad del exmandatario, un hecho que elevó la alarma sobre la capacidad del Estado para blindar a quienes han estado expuestos a amenazas en zonas de alta conflictividad.
La reacción política no tardó. Abelardo de la Espriella, abogado y precandidato presidencial, rechazó el ataque y aseguró que este crimen no quedará impune, según informó infobae. Su pronunciamiento se inscribe en una discusión más amplia sobre el deterioro del orden público en regiones como el Valle del Cauca, donde la violencia contra líderes, exfuncionarios y escoltas se ha convertido en una advertencia constante sobre la presencia de actores armados y la vulnerabilidad de los esquemas de protección.
Más allá del caso puntual, el episodio vuelve a exponer una realidad incómoda: en Colombia, la protección de exalcaldes, líderes sociales y figuras públicas sigue dependiendo de dispositivos de seguridad que no siempre logran anticiparse al nivel de amenaza. Cuando un escolta asignado por la UNP termina muerto en un atentado, la pregunta deja de ser solo quién ordenó el ataque y pasa a ser qué tan robusto es el sistema para prevenirlo. En municipios como Jamundí, ubicados en una zona estratégica entre Cali y corredores usados por grupos ilegales, cada agresión de este tipo tiene un efecto político inmediato y un impacto social más profundo: refuerza el miedo, debilita la confianza institucional y deja la sensación de que la violencia sigue marcando la agenda pública.
El caso también presiona a las autoridades a mostrar resultados rápidos. No solo por la muerte de un funcionario de protección, sino porque el atentado contra un exalcalde envía un mensaje directo a toda la estructura política local. Si el Estado no logra esclarecer quién está detrás del ataque y por qué se produjo, la percepción de impunidad seguirá creciendo. Y en Colombia, cuando la impunidad se instala, la violencia encuentra terreno fértil para repetirse.
