De la Espriella responde a Ramelli y endurece el pulso por el presupuesto de la JEP
Imagen: El Tiempo - Política
El pulso entre el presidente de la JEP y Abelardo De la Espriella escaló luego de que Alejandro Ramelli enviara una carta a la CPI por el presupuesto del tribunal. El jurista defendió el debate fiscal y negó que se trate de una “asfixia” institucional.
La controversia por el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a poner bajo presión la relación entre sus defensores y uno de sus críticos más visibles. Esta vez, Abelardo De la Espriella respondió al presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, luego de que este enviara una carta a la Corte Penal Internacional (CPI) en la que alertó por el impacto fiscal que podría tener la financiación de la justicia transicional. El jurista rechazó que el debate represente un intento de estrangulamiento institucional o una retaliación política, y defendió que en una democracia también se debe discutir cómo y en qué se gastan los recursos públicos.
La reacción de De la Espriella llegó como respuesta directa al pronunciamiento de Ramelli, quien acudió a la CPI para advertir sobre las condiciones presupuestales que enfrenta la JEP. Desde la perspectiva del abogado, esa decisión busca internacionalizar una discusión que debería resolverse en el plano interno, con argumentos de eficiencia y prioridades del gasto, no bajo la idea de una persecución contra el tribunal. Su mensaje fue claro: cuestionar el presupuesto no equivale, en su visión, a bloquear la justicia ni a desmontar el sistema surgido del acuerdo de paz.
El trasfondo de esta disputa es mucho más profundo que una diferencia entre dos figuras públicas. La JEP, creada para juzgar los crímenes más graves del conflicto armado colombiano, sigue siendo uno de los componentes más sensibles del acuerdo de paz firmado con las FARC, y por eso cualquier debate sobre su financiamiento se convierte rápidamente en un pulso político e institucional. En Colombia, la discusión presupuestal rara vez es neutra: detrás de cada cifra hay prioridades de Estado, tensiones entre ramas del poder y una pregunta de fondo sobre cuánto está dispuesto el país a sostener su apuesta por la verdad, la reparación y la justicia transicional. Si el Gobierno o el Congreso reducen recursos, el impacto no sería abstracto: podría traducirse en retrasos, menor capacidad operativa y mayores dificultades para avanzar en los casos más complejos del conflicto.
Por eso la respuesta de De la Espriella no es solo una réplica jurídica, sino también un mensaje político. En un país donde la JEP sigue dividiendo opiniones, cualquier señal de debilidad presupuestal se lee como síntoma de desgaste institucional, mientras que sus críticos la interpretan como prueba de que el tribunal debe ajustarse a límites más estrictos. Lo que está en juego no es únicamente una partida fiscal, sino la manera como Colombia decide administrar uno de los legados más delicados del posconflicto: si la justicia transicional será fortalecida como herramienta de cierre o sometida a una revisión cada vez más dura en nombre del control del gasto público.
