Triple homicidio de militares retirados en Cauca reaviva alarmas por la violencia territorial
Imagen: El Tiempo - Política
El asesinato de tres militares retirados en Cauca desató una oleada de rechazo político y encendió de nuevo las alarmas sobre la violencia contra quienes salieron de la Fuerza Pública. La reacción de Abelardo De La Espriella fue especialmente dura: pidió frenar una espiral que, dijo, no puede normalizarse.
El asesinato de tres militares retirados en el Cauca volvió a poner sobre la mesa una realidad que Colombia conoce demasiado bien: la violencia no solo sigue golpeando a la población civil, sino también a quienes alguna vez hicieron parte de la Fuerza Pública y hoy están expuestos en territorios donde mandan las armas ilegales. La reacción política no tardó, y una de las voces más visibles fue la del abogado y precandidato Abelardo De La Espriella, quien condenó el hecho y advirtió que el país no puede seguir aceptando que sigan matando colombianos con esta facilidad.
Según informó El Tiempo - Política, el triple homicidio generó pronunciamientos de políticos y exintegrantes de la Fuerza Pública, que rechazaron el crimen y exigieron respuestas del Estado. La información disponible señala que las víctimas eran militares en retiro, aunque en esta versión no se detallan sus identidades completas. El solo hecho de que se trate de exuniformados, sin embargo, eleva la gravedad del caso: en departamentos como Cauca, donde confluyen disputas entre grupos armados, economías ilícitas y presencia estatal intermitente, cualquier perfil relacionado con la Fuerza Pública puede convertirse en blanco de retaliaciones o amenazas.
Este nuevo episodio no puede leerse como un hecho aislado. Cauca sigue siendo uno de los departamentos más castigados por la guerra fragmentada que dejó el conflicto armado y que hoy continúa en manos de disidencias, estructuras narcotraficantes y bandas armadas con capacidad de imponer control territorial. El asesinato de militares retirados confirma que la amenaza no termina cuando un hombre o una mujer deja el uniforme: en muchos municipios, la exposición persiste por razones que van desde antecedentes operacionales hasta simples lógicas de intimidación. Y eso debería preocupar no solo a las instituciones, sino a una sociedad que ve cómo la violencia se recicla una y otra vez sin que haya una respuesta estatal suficientemente contundente.
La condena política, aunque necesaria, no resuelve el fondo del problema. Lo que queda ahora es establecer quiénes ordenaron y ejecutaron el crimen, si existían amenazas previas y qué falló en la protección de las víctimas. Cada asesinato de este tipo profundiza la desconfianza en la capacidad del Estado para garantizar seguridad real en las regiones más vulnerables. Y mientras eso no cambie, el país seguirá asistiendo al mismo libreto: rechazo, promesas de investigación y una nueva tragedia que se suma a una larga lista de vidas truncadas.
