Defensa de Olmedo López cuestiona su traslado a La Picota
Imagen: infobae colombia
El traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a La Picota abrió un nuevo frente de tensión en el caso UNGRD. Su defensa sostiene que la medida pone en riesgo la vida de ambos y cuestiona la decisión del sistema penitenciario.
El abogado de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), rechazó el traslado de su cliente a la cárcel La Picota y advirtió que la defensa está exigiendo garantías para su seguridad. La misma medida también cobijó a Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de esa entidad, en un episodio que vuelve a poner presión sobre uno de los escándalos más sensibles del gobierno de Gustavo Petro.
José Luis Moreno, penalista que representa a López, se mostró en desacuerdo con la decisión y dejó claro que el punto central no es solo el cambio de centro de reclusión, sino el riesgo que —según su criterio— podrían enfrentar los dos exfuncionarios dentro del penal. La defensa insiste en que el Estado debe proteger la vida de su cliente, una petición que refleja la tensión entre las necesidades del proceso judicial y las condiciones de seguridad de quienes están colaborando con la justicia o enfrentando investigaciones de alto impacto.
El traslado a La Picota no es un dato menor. Ese complejo penitenciario, ubicado en Bogotá, suele concentrar internos vinculados a procesos penales de alta visibilidad pública, lo que eleva la exposición de los detenidos y también sus vulnerabilidades. En casos como el de la UNGRD, donde hay señalamientos que tocan a la administración pública y a una entidad clave para la atención de emergencias, cualquier decisión sobre custodia y ubicación carcelaria tiene un componente jurídico, pero también político y de seguridad. Por eso la queja de la defensa no solo busca frenar un traslado: intenta instalar la discusión sobre qué tan protegidos están los implicados en investigaciones que comprometen intereses poderosos.
Este episodio confirma que el caso UNGRD sigue escalando más allá de las responsabilidades penales individuales. Cada movimiento procesal, desde una captura hasta un traslado, puede alterar el curso de la cooperación judicial y alimentar nuevas tensiones alrededor de una investigación que ya golpea la credibilidad institucional. En la práctica, la pregunta de fondo no es solo dónde deben estar recluidos López y Pinilla, sino qué tan preparado está el Estado para garantizar su integridad mientras avanza un proceso que aún puede destapar más responsabilidades políticas y administrativas.
