Massachusetts destapa 70 años de encubrimiento clerical y más de 900 víctimas
Imagen: infobae estados unidos
Massachusetts enfrenta uno de los retratos más duros del abuso clerical en Estados Unidos: una investigación estatal identificó más de 900 víctimas y siete décadas de encubrimiento en tres diócesis. El informe señala traslados de sacerdotes acusados, silenciamiento de denuncias y maniobras para frenar condenas.
Una investigación de la fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, ha dejado al descubierto una de las radiografías más graves sobre abuso sexual clerical en Estados Unidos en los últimos años: más de 900 víctimas y un patrón de encubrimiento que, según el informe, se extendió durante 70 años en tres diócesis del estado. La conclusión es contundente y políticamente incómoda para la Iglesia católica local: no se trató solo de casos aislados de sacerdotes depredadores, sino de una estructura institucional que permitió que los abusos siguieran ocurriendo mientras las denuncias eran contenidas, movidas o enterradas.
De acuerdo con el reporte difundido por la oficina de Campbell y citado por infobae estados unidos, los líderes eclesiásticos no solo habrían fallado en proteger a los menores, sino que habrían actuado activamente para proteger a la institución. Entre las prácticas descritas figuran el traslado de sacerdotes acusados de una parroquia a otra, el silenciamiento de víctimas y familias que intentaron denunciar, y la presión sobre autoridades y procesos judiciales para evitar condenas o reducir el costo público de los casos. El peso del informe no está únicamente en el volumen de víctimas, sino en la persistencia del mecanismo: durante décadas, el sistema pareció funcionar para contener el escándalo, no para detener el daño.
Lo revelado en Massachusetts vuelve a exponer una herida que la Iglesia católica en Estados Unidos nunca ha terminado de cerrar. Desde los grandes escándalos destapados a comienzos de este siglo, la institución ha prometido reformas, protocolos de prevención y cooperación con la justicia. Pero informes como este muestran que el problema no fue solo la conducta criminal de algunos clérigos, sino la cultura interna que durante años priorizó la reputación institucional por encima de la seguridad de los menores. Y esa es la parte más grave: cuando una diócesis decide mover a un acusado en vez de reportarlo, el abuso deja de ser una falla individual y se convierte en complicidad estructural.
El impacto de este hallazgo va mucho más allá de Massachusetts. Para las víctimas, significa validación tardía, pero también la confirmación de que muchas denuncias fueron ignoradas en nombre de una lealtad mal entendida. Para la Iglesia, abre un nuevo frente de presión pública, legal y moral en un país donde los procesos civiles y penales por abuso clerical han costado millones de dólares y demolido la credibilidad de varias diócesis. Y para la sociedad, el caso vuelve a recordar algo esencial: cuando las instituciones se blindan a sí mismas, el silencio se convierte en parte del delito. Lo que ahora pide explicación no es solo cuántos abusos ocurrieron, sino cuántos pudieron evitarse si quienes tenían poder hubieran actuado a tiempo.
