Acusan al alcalde de Villa de Leyva por presunta presión irregular en trámite urbanístico
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La Fiscalía acusó formalmente al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, por presuntamente intervenir de forma ilegal en la ampliación de una licencia de construcción. El caso pone bajo la lupa el manejo de los trámites urbanísticos en un municipio donde el suelo vale tanto como la política.
La Fiscalía formalizó la acusación contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, por un presunto caso de intervención ilegal en la gestión de una licencia de construcción, en un episodio que vuelve a poner bajo sospecha la relación entre poder local y trámites urbanísticos en uno de los municipios más sensibles por su valor patrimonial y turístico. Según informó El Tiempo (Colombia), el mandatario habría participado de manera indebida en la ampliación de un permiso de obra, en circunstancias que ahora deberán ser evaluadas por la justicia.
De acuerdo con la información divulgada por el mismo medio, el señalamiento no se limita a una simple irregularidad administrativa. La hipótesis de la Fiscalía apunta a que el alcalde habría utilizado su cargo para facilitar una actuación que, en principio, debía resolverse con criterios técnicos y dentro de los canales formales. Ese tipo de presunta intervención resulta especialmente delicada en una alcaldía, porque erosiona la confianza pública y abre la puerta a sospechas sobre favores, presiones o intercambios indebidos en decisiones que afectan directamente el uso del suelo, el desarrollo urbano y el valor de los predios.
El caso importa más allá del nombre propio de Gamboa. En Colombia, los conflictos alrededor de licencias, curadurías y proyectos de construcción suelen revelar algo más profundo: la fragilidad de los controles locales y la facilidad con la que el poder político puede intentar influir en decisiones que deberían estar blindadas frente a intereses particulares. En un municipio como Villa de Leyva, donde el ordenamiento territorial tiene implicaciones económicas, ambientales y patrimoniales, cualquier sospecha sobre presuntas ventajas indebidas golpea no solo la credibilidad de la administración, sino también la seguridad jurídica de residentes, constructores e inversionistas. Si la acusación prospera, el caso podría convertirse en un precedente sobre hasta dónde llega la responsabilidad penal de un alcalde cuando cruza la línea entre gestión pública e influencia ilegal.
Más allá del expediente judicial, lo que queda en discusión es un problema que se repite en muchas alcaldías del país: la tentación de convertir los trámites urbanos en moneda de cambio. Para la ciudadanía, eso se traduce en algo muy concreto: menos confianza en las instituciones, más dudas sobre quién decide realmente qué se construye y bajo qué reglas, y una sensación de que el acceso a permisos puede depender más de las relaciones que de la norma. En una democracia local, ese es uno de los síntomas más graves de captura institucional, y por eso este proceso será seguido con atención en Boyacá y en todo el país.
