ELN muestra con vida a dos agentes del CTI y presiona a Petro por salida humanitaria

Dos funcionarios del CTI secuestrados en Arauca reaparecieron en un video de 15 minutos difundido por el ELN, en el que pidieron al presidente Gustavo Petro, a la fiscal general y a altos funcionarios intervenir para lograr un intercambio humanitario que les permita salir de la selva. La pieza, presentada como prueba de supervivencia, vuelve a poner sobre la mesa una de las situaciones más delicadas del conflicto colombiano: la vulnerabilidad de los servidores públicos retenidos por grupos armados en zonas donde el Estado sigue llegando tarde o a medias.

Según informó infobae colombia, los dos agentes aparecen hablando directamente a cámara y apelando a una mediación institucional que desactive su cautiverio. El mensaje no solo confirma que siguen con vida, sino que también expone la estrategia política del ELN, que suele convertir estos secuestros en una herramienta de presión en medio de sus disputas territoriales y de sus cálculos frente a eventuales diálogos. Arauca, frontera caliente con Venezuela, se ha convertido en uno de los escenarios más complejos para la seguridad del país: allí conviven economías ilegales, presencia guerrillera, disputas por corredores estratégicos y una institucionalidad bajo asedio constante.

El episodio importa porque revela hasta qué punto el secuestro continúa siendo una moneda de negociación en Colombia, pese al rechazo social que despierta y a los anuncios oficiales sobre paz y control territorial. En términos políticos, el caso también pone a prueba la capacidad del gobierno Petro para responder a una crisis humanitaria sin quedar atrapado entre la presión de las víctimas, la Fiscalía y la necesidad de sostener una agenda de negociación con el ELN que ha tenido avances frágiles y retrocesos frecuentes. Para la gente de a pie en Arauca, el mensaje es aún más crudo: en esa región, desplazarse, trabajar o representar al Estado puede seguir significando jugarse la vida.

Más allá del video, el trasfondo es el de un conflicto que no termina de cerrarse y que sigue produciendo secuestros, intimidación y control armado sobre la vida cotidiana. La exigencia de un “intercambio humanitario” coloca al Gobierno frente a una decisión incómoda: ceder a una lógica de canje que puede abrir una puerta para liberar a los agentes, pero que también corre el riesgo de consolidar el secuestro como mecanismo político. En Colombia, esa frontera entre la negociación y la legitimación de la violencia sigue siendo una de las más difíciles de administrar.