Alcalde de Uribia exige más operativos para rescatar a su esposa secuestrada
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El alcalde de Uribia pidió al Gobierno y a las autoridades reforzar los operativos para encontrar a su esposa, secuestrada hace una semana en La Guajira. El caso ha aumentado la tensión en una región golpeada por la violencia y las intimidaciones contra familias locales.
El alcalde de Uribia, en La Guajira, lanzó un llamado urgente al Gobierno nacional y a la Fuerza Pública para intensificar la búsqueda de su esposa, la gestora social del municipio, secuestrada hace una semana en un hecho que volvió a poner bajo presión la seguridad en esta zona del norte de Colombia. La mujer fue interceptada por cuatro hombres armados cuando salía de un gimnasio, en un episodio que no solo reveló un ataque directo contra una funcionaria local, sino también el nivel de vulnerabilidad que enfrentan familias enteras en territorios donde la autoridad estatal sigue siendo frágil.
Según informó El Tiempo (Colombia), el secuestro ocurrió en medio de un ambiente previo de intimidaciones contra la familia, un dato que agrava la lectura del caso y sugiere que no se trata de un hecho aislado. El alcalde pidió públicamente reforzar los operativos y reclamó mayor velocidad en la respuesta oficial, al insistir en que cada hora es determinante para ubicar con vida a la víctima. La exigencia no es menor: en regiones como La Guajira, donde confluyen economías ilegales, disputas armadas y presencia intermitente del Estado, los secuestros siguen siendo una herramienta de presión y miedo.
Lo ocurrido en Uribia importa más allá del drama familiar. Uribia es uno de los municipios más extensos y complejos del país, con una geografía que dificulta la movilidad de las autoridades y un historial de tensiones que afectan a comunidades wayuu y a dirigentes locales. Cuando una gestora social es sacada a la fuerza en plena vía pública, el mensaje es claro: la violencia no solo golpea a líderes visibles o a los márgenes del conflicto, también irrumpe en la vida cotidiana y rompe cualquier sensación mínima de seguridad. En ese contexto, la respuesta institucional se convierte en una prueba de credibilidad para el Estado en La Guajira.
El caso también deja en evidencia una realidad incómoda para Colombia: los secuestros, aunque ya no ocupan el centro del debate público como en décadas pasadas, siguen siendo un recurso de control en zonas donde operan estructuras armadas y redes criminales. Lo que ocurra en las próximas horas será decisivo no solo para la familia de la funcionaria, sino para medir si las autoridades logran reaccionar con la rapidez que exige una emergencia de este tipo. En Uribia, el tiempo dejó de ser una abstracción y se convirtió en la diferencia entre la esperanza y la tragedia.




