Aldama pide vender por su cuenta los coches incautados para obtener más dinero
Imagen: infobae
Víctor de Aldama pidió al juez quedarse con los coches de alta gama incautados para venderlos por su cuenta y obtener más dinero que en una subasta oficial. La estrategia apunta a blindar activos ante posibles condenas en el caso hidrocarburos y otras causas abiertas.
Víctor de Aldama, uno de los principales imputados en el presunto fraude de hidrocarburos investigado por la Audiencia Nacional, ha dado un paso poco habitual: pidió al juez que le permita vender él mismo los vehículos de lujo que le fueron incautados. Su argumento es directo y tiene una lectura económica y judicial al mismo tiempo: cree que, si los coches se subastan por la vía oficial, el Estado obtendrá menos dinero del que podría conseguirse en el mercado, lo que reduciría el colchón para responder a futuras responsabilidades si el proceso termina con condenas.
Según la documentación a la que tuvo acceso Europa Press e informó infobae, Aldama quiere convertirse en depositario de esos vehículos para comercializarlos por su cuenta y no mediante los mecanismos de la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes, dependiente del Ministerio de Justicia. La ORGA había planteado la subasta como la opción más ventajosa dentro de su procedimiento habitual, tanto para evitar la depreciación por el paso del tiempo como para impedir nuevos costos de depósito. Pero el empresario sostiene que la tasación oficial se queda corta frente al precio real de mercado y que en algunos casos, como el de un Ferrari intervenido, se trata de piezas con perfil de colección.
El movimiento no es menor porque revela cómo los investigados intentan gestionar sus activos mientras avanzan causas penales que pueden derivar en cuantiosas indemnizaciones, multas o embargos. En este caso, el juez Santiago Pedraz investiga un supuesto fraude superior a 200 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos entre 2021 y 2024, una trama en la que se ordenó la incautación de varios vehículos de alta gama, entre ellos un Jaguar, un Ferrari y varios Land Rover. Además, Aldama arrastra el peso del llamado caso Koldo, en el que el Tribunal Supremo le impuso cuatro años y medio de prisión, aunque suspendió la ejecución de la pena por su colaboración con la justicia. En otras palabras: no está intentando vender coches viejos, sino preservar valor en medio de una guerra judicial que puede costarle mucho más que unos automóviles.
La cifra también ayuda a dimensionar el interés de fondo. De acuerdo con la valoración online de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, los 13 vehículos incautados tendrían un valor aproximado de 635.700 euros. Sin embargo, Aldama insiste en que ese cálculo está por debajo del mercado y que una venta directa generaría importes “sustancialmente superiores”. Si el juez acepta o no ese planteamiento, el caso sentará un precedente sobre hasta qué punto un investigado puede intervenir en la liquidación de bienes embargados cuando todavía pesa sobre él el riesgo de nuevas responsabilidades penales y patrimoniales.
