Ocampo sacude a la Registraduría con denuncia de presunto fraude y alerta por el censo electoral
Imagen: infobae
El congresista Alejandro Ocampo lanzó una grave advertencia contra la Registraduría y habló de un presunto fraude electoral ligado al censo electoral. Según dijo, tiene información sobre bases de datos que ya no aparecen publicadas en el portal de la entidad.
Alejandro Ocampo elevó el tono contra la Registraduría y encendió una alerta que, en un país con historial de desconfianza electoral, no pasa inadvertida: el congresista aseguró que tiene información sobre el censo electoral y denunció un presunto fraude, al afirmar que conoce en detalle lo que habrían hecho con esa base de datos. El señalamiento, según informó Infobae, no solo apunta a la transparencia del proceso, sino a uno de los puntos más sensibles de cualquier elección: quiénes están habilitados para votar y bajo qué control se administra esa información.
De acuerdo con la denuncia recogida por el medio, Ocampo sostuvo que el censo electoral ya no está disponible en el sitio web de la Registraduría, un dato que para él alimenta sospechas sobre el manejo de la información. El congresista dejó entrever que posee elementos suficientes para cuestionar los cambios o la supresión de esos registros públicos, aunque por ahora no se conocen de manera detallada las pruebas completas que dice tener. Esa afirmación, en el terreno político, es de alto voltaje: cuando se pone en duda el censo, se pone en duda la base misma de la confianza ciudadana en el resultado de las urnas.
El asunto importa más allá del rifirrafe entre un congresista y la autoridad electoral. En Colombia, el censo electoral no es un trámite menor ni un dato decorativo: define la población habilitada para votar, permite cruzar información y es una herramienta clave para vigilar inconsistencias, depurar bases y detectar posibles irregularidades. Si un actor político asegura que esa información dejó de estar publicada, la discusión se mueve de la acusación política a una pregunta institucional mayor: ¿qué controles existen hoy para garantizar trazabilidad, acceso público y verificación independiente de esos datos? En un contexto de polarización, cualquier vacío de información se convierte rápidamente en combustible para las sospechas, pero también en una obligación de transparencia para la autoridad electoral.
Por ahora, la advertencia de Ocampo abre más interrogantes que respuestas y deja a la Registraduría bajo presión para explicar qué pasó con esa información, por qué no aparece publicada y qué mecanismos de consulta o verificación siguen vigentes. En Colombia, donde la legitimidad electoral se gana tanto en las urnas como en la confianza pública, este tipo de denuncias no puede despacharse con silencios ni respuestas genéricas. Si el congresista tiene pruebas, deberá presentarlas; si la entidad tiene explicaciones, tendrá que darlas con claridad. En medio, queda la ciudadanía, que no solo vota: también exige saber que su voto cuenta y que el sistema que lo registra no opera a puerta cerrada.
