Campesinos e indígenas de Honduras acusan al Estado de profundizar el despojo territorial

La Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras lanzó este lunes una denuncia política de alto voltaje: sostiene que el país sigue atrapado en un modelo de despojo territorial que golpea a comunidades rurales, indígenas y garífunas, mientras el Estado refuerza mecanismos que, según sus integrantes, terminan favoreciendo a intereses empresariales y extractivos. El pronunciamiento, difundido en el marco del Día de Lempira, no solo apeló a la memoria histórica de la resistencia indígena, sino que convirtió la fecha en una advertencia sobre lo que consideran una deriva peligrosa para los derechos territoriales en Honduras.

La coalición, integrada por 70 organizaciones, cuestionó de manera directa los decretos 93-2021, 84-2026 y 107-2026, al afirmar que abren la puerta a desalojos, amplían la protección estatal sobre actividades económicas y productivas, y endurecen la respuesta contra la protesta social. De acuerdo con la Alianza, estas normas se insertan en un escenario más amplio de debilitamiento institucional: las entidades encargadas de defender derechos agrarios, ambientales y humanos habrían perdido capacidad frente al avance de proyectos industriales y extractivos. A eso se suma, según su denuncia, una política de seguridad que prioriza la contención punitiva y la presencia militar antes que la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.

El trasfondo no es menor. Honduras arrastra desde hace años una disputa estructural por la tierra que combina concentración de la propiedad, conflictos en zonas rurales, presión sobre territorios ancestrales y una larga lista de denuncias por violencia contra líderes comunitarios. En ese contexto, el regreso del país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el Ciadi, también encendió alarmas entre las organizaciones, que temen un mayor blindaje de los intereses corporativos. La Alianza además reclamó el cumplimiento de sentencias internacionales a favor de comunidades garífunas, una deuda que evidencia la brecha entre los fallos judiciales y la realidad territorial en el terreno. Para las comunidades, el problema ya no es solo jurídico: es político y social, porque define quién decide sobre la tierra, quién controla los recursos y quién paga el costo de la expansión económica.

Por eso, el pliego de exigencias apunta a cambios de fondo y no a ajustes cosméticos. Las organizaciones pidieron derogar los decretos que consideran lesivos, suspender los desalojos mientras se resuelven los recursos legales, detener la criminalización de líderes comunitarios y crear un mecanismo nacional con participación de los pueblos para destrabar los conflictos agrarios. También reclamaron fortalecer instituciones como el Instituto Nacional Agrario, al que ven debilitado y sin músculo suficiente para garantizar títulos de propiedad y seguridad jurídica en el campo. En una región donde la tierra suele ser el principal detonante de violencia y exclusión, lo que ocurra en Honduras importa más allá de sus fronteras: si el Estado no logra equilibrar inversión con derechos, el costo terminará recayendo, como casi siempre, sobre las comunidades más vulnerables.