EE UU redobla su ofensiva contra el narco en México tras la condena al Mayo
Imagen: El País
Washington da señales de que su ofensiva contra el narcotráfico en México no terminará con la condena de Ismael “el Mayo” Zambada. La Casa Blanca insiste en que la corrupción política y el crimen organizado siguen entrelazados, mientras Claudia Sheinbaum responde con una línea roja: cooperación, sí; subordinación, no.
La condena de Ismael “el Mayo” Zambada no ha cerrado la partida entre Washington y Ciudad de México; al contrario, la ha intensificado. Estados Unidos sostiene que su ofensiva contra los grandes capos y las redes políticas que los protegen seguirá activa, con el argumento de que el crimen organizado y el poder público en México mantienen una relación estructural que no se desarma con un solo fallo judicial. Desde la perspectiva estadounidense, el juicio al histórico líder del cártel de Sinaloa es un golpe importante, pero apenas una pieza de una ofensiva más amplia que apunta tanto a los jefes criminales como a los funcionarios corruptos que les facilitan el negocio.
Del lado mexicano, Claudia Sheinbaum ha respondido con un mensaje calculado pero firme: habrá coordinación en seguridad, pero no tutela extranjera. La presidenta exige respeto a la soberanía nacional y rechaza cualquier intento de convertir la cooperación bilateral en una relación de sometimiento. Esa tensión no es nueva, pero hoy adquiere otro peso porque ocurre en un momento en que Washington busca exhibir resultados concretos contra el tráfico de drogas y las redes financieras que lo sostienen, mientras en México el gobierno intenta evitar que la agenda antidrogas estadounidense se traduzca en presión política interna o en operativos unilaterales que reabran viejas heridas diplomáticas.
El fondo del choque es más profundo que un desacuerdo retórico. Estados Unidos ha insistido durante años en que el narcotráfico no sobrevive solo por la violencia de los cárteles, sino por su capacidad de corromper instituciones, capturar autoridades locales y comprar protección en distintos niveles del Estado. México, por su parte, sabe que cualquier insinuación de “narcoestado” golpea de lleno su legitimidad institucional y alimenta la narrativa de una intervención encubierta. Por eso la disputa no es solo sobre seguridad, sino sobre quién define el diagnóstico y, en consecuencia, quién fija las reglas de la respuesta. Y en ese terreno, la condena al Mayo funciona como advertencia: para Washington, el caso no marca el final de la cruzada, sino el comienzo de una fase más ambiciosa; para Sheinbaum, el desafío es contener esa presión sin romper la cooperación que ambos países necesitan para frenar una economía criminal que atraviesa la frontera todos los días.
En términos prácticos, lo que está en juego afecta mucho más que a los capos de siempre. Si la relación bilateral entra en una espiral de desconfianza, pueden complicarse los flujos de inteligencia, las extradiciones, la persecución financiera y la coordinación en la frontera, justo cuando Estados Unidos sigue enfrentando una crisis de opioides y México carga con el costo social de la violencia, el desplazamiento y la impunidad. La disputa, en el fondo, revela una verdad incómoda para ambos gobiernos: el narcotráfico no es solo un problema criminal, sino una falla política compartida que ninguno puede resolver solo.
