Alianza Verde respalda a Juvinao y eleva el caso Racero al debate sobre violencia política
Imagen: El Tiempo - Política
La Alianza Verde cerró filas en defensa de la representante Catherine Juvinao y calificó de violencia política el ataque verbal del senador David Racero. El pronunciamiento reabre el debate sobre los límites del debate público y la protección frente a agresiones de género en el Congreso.
La Alianza Verde salió a respaldar a la representante Catherine Juvinao y rechazó con dureza el ataque verbal del senador David Racero, al que calificó como un caso de violencia política. El pronunciamiento de la colectividad elevó el tono de una controversia que ya no se limita a un intercambio entre congresistas, sino que toca una discusión más amplia sobre cómo se ejerce el poder en el Legislativo y qué tan protegidas están las mujeres que ocupan cargos públicos frente a agresiones en el debate político.
Según informó El Tiempo - Política, Juvinao agradeció públicamente el respaldo de la bancada y lo hizo apelando a la ley contra la violencia política de género, una norma de la que ella misma fue autora. Ese detalle no es menor: convierte el episodio en algo más que una disputa partidista y lo sitúa en el terreno de una legislación creada precisamente para sancionar conductas que buscan intimidar, deslegitimar o silenciar a las mujeres por razones de género en la vida pública. La reacción de la Alianza Verde, en ese sentido, busca enviar un mensaje político y simbólico: que este tipo de ataques no deben normalizarse ni despacharse como simples excesos verbales.
El caso vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en la política colombiana: la frontera cada vez más difusa entre la crítica dura y la agresión personal, especialmente cuando la destinataria es una mujer en un cargo de representación. La violencia política de género no siempre se manifiesta con amenazas físicas; muchas veces aparece en forma de insultos, descalificaciones sexistas, campañas de hostigamiento o intentos de reducir la legitimidad de una dirigente a su condición de mujer. Por eso, la respuesta de la bancada verde tiene implicaciones que van más allá del episodio puntual: puede marcar el estándar con el que otros partidos decidan enfrentar conductas similares dentro y fuera del Congreso.
También hay un componente institucional que no conviene perder de vista. Si la norma contra la violencia política de género fue impulsada para que existan consecuencias reales frente a estas conductas, entonces el debate no debería quedarse en la condena pública. Lo que viene ahora será clave: si habrá alguna consecuencia disciplinaria, política o ética; si otras bancadas se pronuncian; y si el Congreso asume en serio que la confrontación democrática no puede construirse sobre el acoso o la humillación. En un país donde las mujeres siguen enfrentando barreras para ejercer liderazgo político, cada caso de esta naturaleza termina midiendo no solo la temperatura del debate, sino la madurez institucional de todo el sistema.
