Alias Calarcá vuelve al radar judicial: Fiscalía lo acusa por homicidios y reclutamiento
Imagen: infobae colombia
Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, volvió al centro de la ofensiva judicial: la Fiscalía reactivó sus órdenes de captura y lo llevó ante un juez por una batería de ocho delitos. El caso golpea de frente a uno de los mandos más visibles de las disidencias de las Farc.
La Fiscalía volvió a mover una de las piezas más sensibles del conflicto armado en Colombia: Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, máximo jefe del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, quedó sometido a medida de aseguramiento tras ser imputado por ocho delitos relacionados con homicidios, desapariciones y reclutamiento forzado. La decisión llega después de que la autoridad judicial reactivara las órdenes de captura en su contra, un paso que reconfigura el margen de maniobra de uno de los hombres más poderosos de esa estructura ilegal.
De acuerdo con la información conocida por Infobae Colombia, la imputación incluye conductas que la Fiscalía considera parte del engranaje criminal de esa facción armada, cuya expansión ha sido una de las mayores preocupaciones de seguridad en zonas rurales del país. El expediente no se limita a un hecho aislado: busca conectar a Calarcá con una cadena de violencias que atraviesa asesinatos selectivos, desaparición de personas y el reclutamiento de menores y jóvenes en territorios históricamente abandonados por el Estado. La medida de aseguramiento, además, sugiere que el ente acusador encontró elementos suficientes para sostener que el procesado representa un riesgo para la justicia y para la continuidad de las conductas investigadas.
El caso tiene un peso político y operativo que va más allá de la figura de Calarcá. Su nombre ha aparecido en discusiones sobre diálogos, cese al fuego y la capacidad real del Gobierno para negociar con estructuras que, mientras hablan de paz, siguen mandando hombres armados, controlando corredores estratégicos y disputando rentas ilegales en regiones como el suroriente y el noroccidente del país. Por eso la reactivación de las órdenes de captura no es solo una actuación judicial: también es una señal de que el Estado vuelve a tensar la cuerda frente a un grupo al que durante meses se le dio margen bajo la lógica de la paz total. Para las comunidades, sin embargo, la discusión no es abstracta: lo que está en juego son los desaparecidos, los niños reclutados y la seguridad cotidiana en municipios donde la autoridad pública sigue llegando tarde o no llega.
La decisión contra alias Calarcá deja una pregunta abierta sobre el rumbo de la política de seguridad y de los procesos con disidencias: ¿está el Estado dispuesto a combinar negociación con presión judicial real, o seguirá atrapado entre la mesa y el fusil? En territorios golpeados por estas estructuras, la respuesta no solo definirá el futuro de un jefe guerrillero, sino el de miles de familias que viven entre la amenaza armada, el miedo y la ausencia de justicia.
