CRC pone reparos a la alocución del 25 de octubre de Abelardo De La Espriella
Imagen: El Tiempo - Política
La Comisión de Regulación de Comunicaciones concluyó que la alocución del 25 de octubre de Abelardo De La Espriella incumplió varios criterios para usar esta figura. El señalamiento reaviva el debate sobre los límites institucionales entre comunicación oficial y propaganda política.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) puso bajo la lupa la alocución del 25 de octubre de Abelardo De La Espriella y determinó que el mandatario no habría cumplido con varios de los criterios exigidos para acudir a esta figura. El reparo, divulgado por la entidad y reseñado por El Tiempo - Política, abre un nuevo frente en la discusión sobre el uso de los canales institucionales del Estado para comunicaciones de alto impacto político.
Según la CRC, el mensaje no se ajustó por completo a las condiciones que regulan este tipo de intervenciones, pensadas para asuntos excepcionales y de interés público claramente identificable. Aunque la entidad no detalló en la información base todos los puntos observados, sí dejó claro que hubo incumplimientos en los parámetros fijados para autorizar y transmitir la alocución, lo que alimenta cuestionamientos sobre el alcance de la decisión y el control que debe existir sobre este mecanismo.
El episodio no es menor. En Colombia, las alocuciones presidenciales no solo son una herramienta de comunicación; también son una demostración de poder institucional. Por eso, cuando la autoridad reguladora encuentra reparos, el debate trasciende el caso puntual y toca un tema más amplio: hasta dónde puede llegar un presidente al usar los medios públicos para exponer su agenda. Para el ciudadano común, lo que está en juego es si las reglas que limitan estos espacios se aplican de manera estricta o si terminan cediendo frente al interés político del momento.
El señalamiento de la CRC puede tener efectos más allá del desgaste reputacional. También reabre preguntas sobre los controles a la comunicación oficial, la independencia de los entes reguladores y el precedente que se deja para futuras intervenciones presidenciales. En un país donde la frontera entre información pública y mensaje político suele ser difusa, este tipo de decisiones son un termómetro de la salud institucional.
