La amnistía borra la causa penal contra los cinco exsíndicos del 1-O

La jueza ha dado por extinguida la responsabilidad penal de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del referéndum del 1-O, en una decisión que vuelve a mostrar hasta qué punto la amnistía está desarmando, uno a uno, los procedimientos judiciales abiertos por el desafío independentista catalán. Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tània Verge y Josep Pagès quedan así fuera del alcance penal por su papel en aquel dispositivo electoral, una pieza menor en apariencia, pero relevante dentro del engranaje institucional que sostuvo la consulta ilegal de 2017.

Según informó El País, la resolución judicial aplica el efecto de la amnistía a estos cinco exmiembros del órgano encargado de supervisar el proceso electoral del 1-O. La Sindicatura Electoral fue uno de los instrumentos creados para dar apariencia de normalidad y estructura administrativa a una votación que el Tribunal Constitucional había suspendido y que el Estado consideró contraria al orden legal. Sus integrantes quedaron bajo la lupa por colaborar en la organización y validación del referéndum, en una causa que ahora se cierra sin consecuencias penales tras el nuevo marco jurídico impulsado para apagar el incendio institucional de aquellos días.

El movimiento no es solo técnico: tiene lectura política y judicial. La amnistía no está simplemente corrigiendo condenas o archivando causas emblemáticas; también está alcanzando a figuras intermedias y a estructuras menos conocidas que formaron parte del proceso independentista. Eso importa porque revela el alcance real de la norma y porque, para sus detractores, confirma que el perdón jurídico se está extendiendo más allá de los nombres de mayor peso político. Para sus defensores, en cambio, es precisamente así como se desactiva una etapa completa de conflicto: cerrando todas las derivadas, no solo las más mediáticas.

En términos prácticos, la decisión refuerza la sensación de que el largo ciclo judicial del 1-O entra en su tramo final, aunque no necesariamente en el de su debate político. En Cataluña, la amnistía sigue siendo vista por unos como una herramienta para normalizar la convivencia institucional y por otros como una concesión que rebaja el coste de vulnerar la ley. Lo que ocurre con los cinco exsíndicos es una muestra más de que el Estado ha optado por pasar página en los tribunales, aunque la disputa sobre el legado del proceso independentista siga abierta en la calle, en el Parlament y en la política española.