Barrios y Toro chocan por tratamientos de reafirmación de género en menores
Imagen: infobae colombia
La discusión sobre los tratamientos de reafirmación de género en menores escaló tras el choque entre Andrés Barrios y Mauricio Toro. El concejal cuestionó al congresista luego de que un pediatra endocrinólogo admitiera el uso de bloqueadores de pubertad y hormonas cruzadas en niños.
La controversia por los tratamientos de reafirmación de género en menores de edad volvió a ponerse en el centro del debate público en Colombia, esta vez por un cruce directo entre el concejal conservador Andrés Barrios y el congresista Mauricio Toro. Barrios salió a responderle luego de que Toro calificara como “show mediático” las denuncias sobre este tipo de procedimientos en niños y adolescentes, en una discusión que toca un nervio sensible: hasta dónde llega la atención médica, qué límites deben fijarse y quién debe decidir sobre intervenciones que pueden cambiar la vida de un menor.
El punto de choque se produjo a partir de las declaraciones del pediatra endocrinólogo Mario Angulo, de la Fundación Valle de Lili. Según informó infobae colombia, el especialista negó que en ese entorno se practiquen cirugías de reafirmación de género en menores de edad, pero sí reconoció el uso de bloqueadores de pubertad y hormonas cruzadas en pacientes niños. Esa admisión fue suficiente para que Barrios reforzara su crítica frente a Toro, al considerar que no se trata de una discusión inventada ni de una alarma sin fundamento, sino de una práctica médica que exige control, transparencia y debate público.
El intercambio revela algo más profundo que una disputa entre figuras políticas: la falta de consensos en Colombia sobre cómo regular tratamientos médicos dirigidos a menores con inconformidad de género. Por un lado, quienes defienden estos protocolos sostienen que pueden ser parte de una atención integral y que deben evaluarse caso por caso. Por otro, sectores conservadores advierten sobre posibles efectos irreversibles, la necesidad de proteger el consentimiento de los menores y el riesgo de normalizar decisiones clínicas de alto impacto en edades tempranas. En medio de ese choque, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: qué estándares aplican, quién supervisa los tratamientos y con qué criterios se definen.
Este episodio también deja ver cómo el debate ideológico está desplazando una discusión que debería estar mucho más anclada en evidencia médica, regulación sanitaria y protección infantil. Para las familias, el asunto no es abstracto: implica decisiones complejas, tratamientos prolongados y consecuencias que pueden marcar la salud física y mental de un menor durante años. Mientras no exista un marco claro y una conversación menos polarizada, cada declaración pública seguirá alimentando una batalla política en la que, por ahora, parece haber más ruido que respuestas.
