Suspensión del cobro en Las Palmas y Guarne pone en evidencia la disputa por las vías en Antioquia
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El cobro electrónico en Las Palmas y Guarne quedará suspendido desde el 1 de agosto por el traspaso del corredor de Devimed a Invías. La medida se da en medio de la alarma por el estado de la vía y la presión de Antioquia para que la Nación asuma el control.
La suspensión temporal del cobro electrónico en los peajes de Las Palmas y Guarne desde el 1 de agosto revela algo más que un ajuste operativo: expone la tensión entre Antioquia y la Nación por el control de una vía clave en el oriente del departamento. El cambio ocurre porque este corredor dejará de estar bajo la administración de Devimed y pasará a manos de Invías, en un momento en que el gobierno departamental insiste en que el estado de la carretera requiere decisiones urgentes y una intervención más directa del Gobierno nacional.
De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo (Colombia), la medida afectará el sistema de recaudo electrónico mientras se completa el traslado administrativo y operativo del corredor. En la práctica, esto significa que los usuarios que transitan por una de las rutas más concurridas de acceso y salida hacia Medellín tendrán que enfrentar una transición que, aunque temporal, puede generar demoras, ajustes logísticos y dudas sobre la continuidad del servicio. El anuncio se produce además después de que el gobernador de Antioquia pidiera a la Nación la cesión de los tramos hoy en manos del Invías, en medio de la preocupación por el deterioro de la infraestructura vial.
El trasfondo es político y fiscal, pero también cotidiano. Las Palmas y Guarne no son solo puntos de cobro: son corredores estratégicos para la movilidad de miles de personas, para el transporte de carga y para la conexión económica entre Medellín, el aeropuerto y los municipios del oriente antioqueño. Cuando un tramo cambia de operador y el cobro electrónico se suspende, no solo se ajusta una plataforma tecnológica; se evidencia la fragilidad de un modelo de gestión vial en el que las competencias están fragmentadas y las respuestas suelen llegar tarde frente al deterioro de las carreteras. Para los conductores, el problema inmediato será la transición; para Antioquia, el desafío de fondo es conseguir que la Nación no solo reciba la administración de los tramos, sino que también ponga recursos y decisiones a la altura del desgaste de la red.
En ese sentido, la discusión va más allá de un peaje. Lo que está en juego es quién asume la responsabilidad real sobre una vía que soporta presión diaria y que necesita mantenimiento, inversión y claridad institucional. Si el traspaso a Invías no viene acompañado de una estrategia técnica y financiera sólida, el cambio puede terminar siendo apenas una reorganización burocrática. Y eso, en una región donde la movilidad ya paga las consecuencias del retraso en obras y del debate interminable entre Nación y territorio, sería una mala noticia para usuarios, transportadores y empresas que dependen de un corredor confiable para moverse y competir.
