Cali: tres bandas lideradas por mujeres movían $360 millones y usaban armas ocultas
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La Policía y la Fiscalía golpearon en Cali tres estructuras criminales lideradas por mujeres que movían hasta $360 millones en rentas ilícitas. El caso revela cómo el delito urbano se profesionaliza con armas ocultas, búnkeres y control territorial.
El desmantelamiento de ‘los Pelaos’, ‘la Primavera’ y ‘los de la Invasión’ en Cali deja al descubierto una realidad que las autoridades vienen advirtiendo desde hace años: el crimen urbano ya no opera solo con fuerza bruta, sino con jerarquías más sofisticadas, redes de apoyo y liderazgos que se adaptan a las lógicas del negocio ilegal. En este caso, la Policía y la Fiscalía golpearon a tres estructuras señaladas de mover hasta 360 millones de pesos en rentas ilícitas, una cifra que ayuda a dimensionar la capacidad económica que pueden alcanzar estas bandas en los barrios donde imponen su ley.
Según informó El Tiempo (Colombia), las investigaciones permitieron establecer que estas organizaciones estaban encabezadas por mujeres y que su operación combinaba microtráfico, cobros ilegales y control territorial. Entre los elementos que más llaman la atención está el uso de armas tipo lapicero, un mecanismo de ocultamiento pensado para eludir controles y aumentar la capacidad de intimidación sin llamar la atención. También se encontraron búnkeres y otros espacios acondicionados para proteger insumos, armas y posiblemente dinero producto de actividades ilícitas, lo que sugiere una estructura con niveles de organización más complejos de lo que suele asociarse con bandas de barrio.
Lo relevante aquí no es solo el golpe policial, sino lo que expone sobre la dinámica criminal en Cali: las mujeres no solo aparecen como piezas secundarias, sino como cabezas visibles de negocios ilegales que aprovechan vacíos de autoridad, economías precarias y disputas por rentas pequeñas pero constantes. En ciudades como Cali, donde el microtráfico y la extorsión alimentan redes violentas de baja y mediana escala, el control de cuadras, corredores y puntos de venta termina afectando de manera directa la vida cotidiana: desde el acceso seguro a una calle hasta el costo social de vivir bajo amenaza. Por eso, este operativo importa más allá del número de capturados; muestra que la disputa por el territorio sigue viva y que las estructuras desarticuladas suelen ser reemplazadas con rapidez si el Estado no sostiene presencia, investigación financiera y oferta social en los barrios más golpeados.
El reto, ahora, no es únicamente judicializar a los responsables. También es impedir que estos desmantelamientos se queden en golpes temporales. Cuando una red criminal puede generar cientos de millones de pesos en un entorno urbano específico, la pregunta de fondo no es solo quién manda en esa banda, sino qué condiciones permiten que el delito siga siendo un negocio rentable y relativamente estable para quienes viven de él.
