Norma Yarrow propone quitar dinero público a los partidos y reabre un debate de fondo
Imagen: infobae
La congresista Norma Yarrow impulsa una iniciativa para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, con el argumento de que esos recursos deberían ir a necesidades urgentes de la población. La propuesta abre un debate de fondo sobre cómo se financia la democracia en Perú y qué costo político está dispuesto a pagar el país.
La congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, ha puesto sobre la mesa una propuesta que toca una fibra sensible en cualquier discusión sobre gasto público: eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos. Según informó infobae, la legisladora sostiene que esos recursos deberían redirigirse a cubrir necesidades básicas de la población, en un contexto en el que la presión sobre el presupuesto sigue golpeando a los sectores más vulnerables. El planteamiento no solo busca recortar un rubro del Estado; también reabre una discusión incómoda sobre cuánto cuesta sostener la vida partidaria y qué tan legítimo resulta seguir destinando dinero público a organizaciones que, en muchos casos, enfrentan un descrédito creciente ante la ciudadanía.
La iniciativa de Yarrow se inscribe en una narrativa que ha ganado terreno en varios países de la región: la idea de que los partidos deben financiarse con aportes privados y no con recursos del erario. De acuerdo con lo publicado por infobae, la congresista argumenta que el dinero hoy destinado a ese mecanismo podría tener un uso más urgente y tangible si se orientara a cubrir necesidades básicas. Esa posición conecta con un malestar extendido en la población, especialmente cuando persisten carencias en salud, alimentación, educación e infraestructura. En ese escenario, cualquier gasto asociado a la política partidaria suele ser leído con sospecha por buena parte de la opinión pública, que percibe a la clase política como distante de los problemas cotidianos.
Pero el debate no es tan simple como parece. El financiamiento público a los partidos fue pensado, en teoría, para equilibrar la competencia electoral, reducir la dependencia de dinero opaco y evitar que los grandes aportantes capturen la agenda política. Eliminarlo podría aliviar el discurso de austeridad, pero también abrir la puerta a una mayor desigualdad entre organizaciones con capacidad de recaudar fondos y aquellas que sobreviven con estructuras más débiles. En la práctica, eso podría fortalecer a los partidos con redes económicas más sólidas y debilitar a los que tienen menor músculo financiero, justo en un país donde la representación política ya enfrenta una crisis de confianza profunda. Por eso, la propuesta no solo debe leerse como un gesto de ahorro, sino como una decisión con efectos directos sobre la calidad de la competencia democrática.
En el fondo, la discusión que plantea Yarrow pone a prueba dos ideas que suelen chocar entre sí: la urgencia social y la institucionalidad política. Para el ciudadano común, la pregunta es comprensible y legítima: ¿por qué financiar con impuestos a partidos que muchas veces no responden a las expectativas del país? Pero la respuesta institucional también importa: si la política se deja por completo en manos de quienes pueden pagarla, la democracia corre el riesgo de volverse todavía más excluyente. El proyecto, por tanto, no solo abre un frente legislativo; también obliga a Perú a decidir si quiere una democracia más barata o una más protegida frente al dinero privado.
