Fiscalía frena aplazamiento y mantiene indagatoria contra Uribe por El Aro y La Granja
Imagen: infobae colombia
La Fiscalía negó el aplazamiento pedido por la defensa de Álvaro Uribe y mantuvo en pie la indagatoria por las masacres de El Aro y La Granja. El expediente busca establecer si el entonces gobernador de Antioquia tuvo responsabilidad por omisión o como presunto determinador.
La Fiscalía decidió no mover la fecha de la indagatoria contra Álvaro Uribe en el expediente que investiga su posible responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, dos de los episodios más graves de violencia paramilitar en Antioquia durante los años más duros del conflicto armado. La diligencia seguirá en manos de la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa el papel que pudo tener el entonces gobernador de Antioquia frente a crímenes cometidos por estructuras armadas ilegales en esa región.
Según informó Infobae Colombia, la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa del expresidente fue negada por el ente acusador, que decidió mantener el curso de una actuación judicial que busca determinar si Uribe tuvo algún tipo de responsabilidad por omisión o incluso como presunto determinador de hechos atribuidos a los paramilitares. En términos prácticos, eso significa que la investigación no solo examina si hubo conocimiento de los hechos, sino también si desde la Gobernación existieron decisiones, omisiones o señales de respaldo que pudieron favorecer la acción criminal. No se trata de un trámite menor: el expediente apunta a uno de los capítulos más sensibles de la relación entre poder político regional, guerra irregular y violencia contra comunidades campesinas.
El caso importa porque El Aro y La Granja no son solo nombres en un archivo judicial; son símbolos de una época en la que el Estado, las élites regionales y los grupos armados ilegales quedaron envueltos en una zona gris que aún no termina de aclararse. La insistencia de la Fiscalía en continuar con la diligencia sugiere que el proceso sigue vivo y que la discusión jurídica no gira únicamente alrededor de una figura de alto perfil, sino alrededor de una pregunta de fondo para Colombia: hasta dónde puede llegar la responsabilidad de un funcionario que, por acción o por silencio, habría permitido que avanzaran crímenes de enorme gravedad. En un país donde la impunidad en casos del conflicto sigue siendo una herida abierta, cada avance en expedientes como este tiene impacto político, judicial y simbólico.
Para Uribe, este episodio reabre una controversia que atraviesa buena parte de su trayectoria pública: la de los cuestionamientos por supuestos vínculos, cercanías o tolerancia frente al aparato paramilitar en Antioquia durante la década de los noventa. Para las víctimas y sus familiares, en cambio, la decisión de la Fiscalía representa la posibilidad de que el caso no se diluya en dilaciones procesales y siga avanzando hacia una clarificación de responsabilidades. En una sociedad todavía marcada por la violencia, el valor de esta indagatoria no está solo en lo que pueda definirse en estrados, sino en el mensaje que deja sobre la capacidad del sistema judicial para investigar a los poderosos sin titubeos.
