El Gobierno lleva al Consejo de Política Fiscal un modelo de financiación casi sin apoyos autonómicos

El Gobierno ha abierto este viernes el pulso más delicado de su reforma de financiación autonómica con una foto política difícil de maquillar: el 90% de las comunidades ha llegado al Consejo de Política Fiscal y Financiera en contra del nuevo modelo. Pese a ese rechazo masivo, el Ejecutivo ha conseguido la asistencia necesaria para que la reunión siga adelante y para dar el siguiente paso en la tramitación parlamentaria de una propuesta que, lejos de cerrar heridas, las vuelve a abrir en casi todo el mapa autonómico.

La reunión, celebrada en Madrid y presidida por el Ministerio de Hacienda, ha contado con presencia de todos los consejeros salvo el de la Comunidad de Madrid, que optó por ausentarse y empujó a sus socios del Partido Popular a seguir la misma estrategia de boicot. Esa jugada, sin embargo, no prosperó. Murcia, Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana, entre otras, se sentaron a la mesa y dejaron claro que comparten el rechazo al fondo de la iniciativa, aunque no todos quisieron alinearse con la estrategia de confrontación frontal impulsada desde la Puerta del Sol. En paralelo, Cataluña y Canarias se han desmarcado del bloque mayoritario y han anunciado su apoyo al texto del Gobierno.

El choque no es solo técnico ni se limita a un reparto de recursos. Lo que está en juego es quién gana y quién pierde en un sistema que lleva más de una década sin una reforma de calado y que hoy vuelve a poner sobre la mesa viejas tensiones territoriales, partidistas y fiscales. De un lado, el Ejecutivo defiende que su propuesta suma más de 21.000 millones de euros al sistema y que introduce un reparto más justo; del otro, los gobiernos autonómicos del PP, junto con Castilla-La Mancha y Asturias en sus respectivos matices, sostienen que el diseño favorece a Cataluña, castiga la igualdad entre territorios y nace marcado por una negociación política con ERC que, a su juicio, deja fuera al resto de comunidades. Más allá del ruido, la discusión importa porque afecta directamente a la financiación de sanidad, educación y dependencia, es decir, al corazón de los servicios públicos que sostienen la vida cotidiana de millones de personas.

Hay además una lectura política de mayor alcance. El Gobierno necesita exhibir capacidad de negociación y avanzar con una reforma largamente aplazada, pero el hecho de que prácticamente todo el arco autonómico llegue en contra anticipa una tramitación parlamentaria áspera, probablemente convertida en un nuevo campo de batalla entre socialistas, populares e independentistas. Si algo deja claro esta reunión es que la financiación autonómica sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del Estado español: un problema estructural que se discute en clave territorial, pero que termina pagándose en hospitales, aulas y servicios sociales. Y por ahora, nadie parece dispuesto a ceder lo suficiente como para cerrar esa grieta.