Asesinan a dragoneante del Inpec en Cúcuta y alcalde ofrece recompensa
Imagen: infobae colombia
Un dragoneante del Inpec fue asesinado en Cúcuta en un hecho que vuelve a poner bajo amenaza a los funcionarios penitenciarios. El alcalde anunció una recompensa de millones de pesos para dar con los responsables y pidió respaldo urgente para quienes trabajan en las cárceles.
El asesinato de un dragoneante del Inpec en Cúcuta volvió a exponer la fragilidad de la seguridad para los funcionarios penitenciarios en Colombia. Tras el ataque, el alcalde de la ciudad anunció una recompensa millonaria para quienes entreguen información que permita ubicar y capturar a los responsables, en medio de una escalada de amenazas contra este personal en distintas regiones del país.
Según informó infobae colombia, el mandatario local también pidió respaldo institucional para los trabajadores del sistema carcelario, al advertir que estos hechos no son aislados y responden a un clima de presión contra quienes cumplen funciones de custodia y control en los centros de reclusión. Su señalamiento conectó el crimen con las medidas del Gobierno Nacional contra las estructuras delincuenciales que siguen operando desde las cárceles, una estrategia que ha elevado el riesgo para quienes enfrentan a esas redes desde dentro del sistema penitenciario.
Lo ocurrido en Cúcuta no solo es un homicidio más en una ciudad acostumbrada a lidiar con violencia e inestabilidad en su frontera. Es también una alerta sobre un problema de fondo: la capacidad de los grupos criminales para intimidar, perseguir y atacar a servidores públicos que representan el control del Estado en las prisiones. Cuando un dragoneante es asesinado, el mensaje no se limita a una víctima individual; alcanza a todo el aparato penitenciario y deja en evidencia el costo humano de combatir economías ilegales y estructuras delincuenciales que no se restringen tras los muros carcelarios.
El anuncio de una recompensa busca mover información en una investigación que seguramente dependerá de testigos, vigilancia e inteligencia policial. Pero el caso también plantea una discusión más amplia sobre protección, condiciones laborales y blindaje real para el personal del Inpec. Sin garantías mínimas, la presión sobre estos trabajadores se convierte en un riesgo permanente. Y mientras el Estado insiste en cerrar el paso a los delitos que se coordinan desde las cárceles, la respuesta criminal sigue golpeando donde más duele: en quienes hacen cumplir la ley.
