Harfuch impulsa seis nuevos penales tras riñas en cárcel de Mazatlán
Imagen: infobae
Tras las riñas en el penal de El Castillo, el gobierno federal puso sobre la mesa un plan para construir seis nuevos centros penitenciarios con capacidad para 18 mil 480 personas. Sinaloa será el primer estado donde se levantará una de estas cárceles, según informó infobae.
Las riñas registradas en el penal de El Castillo, en Mazatlán, aceleraron una decisión que el gobierno federal venía perfilando desde hace semanas: pasar de los ajustes administrativos al diseño de nuevas cárceles. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó el modelo de gestión penitenciaria que impulsa la administración federal y confirmó que el plan incluye seis nuevos centros penitenciarios con capacidad total para 18 mil 480 personas.
De acuerdo con la información difundida por infobae, Sinaloa será el primer estado en donde se construirá uno de estos penales. La definición no es menor: ocurre en una entidad donde la violencia vinculada al crimen organizado ha tensionado de manera constante al sistema carcelario y ha expuesto sus límites operativos. La apuesta oficial combina dos frentes que suelen ir de la mano en momentos de crisis: mejorar la administración interna de los centros existentes y ampliar la infraestructura para reducir saturación, control de grupos internos y episodios de violencia.
El anuncio también revela una lectura política y de seguridad más amplia. En México, las cárceles no solo enfrentan problemas de sobrepoblación, sino también fallas de control, autogobierno criminal y una capacidad desigual entre estados para sostener instalaciones seguras. Por eso, la construcción de nuevos penales no es únicamente una obra de infraestructura: es una respuesta a un sistema penitenciario que en varias regiones opera al límite y que, cuando estalla, lo hace con consecuencias para internos, custodios y población civil. En el caso de Sinaloa, la señal es clara: el gobierno busca contener la presión en uno de los territorios más delicados del país.
La discusión, sin embargo, no termina en la obra pública. Si el plan se queda en anuncios o si no se acompaña de personal capacitado, inteligencia penitenciaria y mecanismos de control reales, la expansión carcelaria puede convertirse apenas en una solución temporal. Lo que está en juego no es solo dónde encarcelar a más personas, sino si el Estado puede recuperar el control de espacios donde durante años han mandado la improvisación, la corrupción y la violencia.
