MinTransporte frena a los “carros cazafotomultas” y exige agente para imponer comparendos
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El Ministerio de Transporte frenó una de las prácticas más polémicas de las fotomultas en Colombia: los llamados “carros cazafotomultas” ya no podrán imponer comparendos sin un agente de tránsito presente. La medida redefine el control vial y limita el margen de actuación de estos operativos móviles.
El Gobierno colombiano le puso un freno a una de las figuras más controvertidas del control vial: los conocidos “carros cazafotomultas” ya no podrán imponer comparendos si no hay un agente de tránsito presente durante el operativo. La nueva directriz expedida por el Ministerio de Transporte cambia las reglas de juego para estos vehículos, que en los últimos años se convirtieron en símbolo de vigilancia agresiva, sanciones automáticas y reclamos ciudadanos por presuntos abusos en las vías.
De acuerdo con lo informado por El Tiempo (Colombia), la medida establece que la simple operación del vehículo no basta para generar una sanción. A partir de ahora, la presencia de un agente de tránsito será condición necesaria para levantar el comparendo, lo que limita la actuación de estos automotores usados para detectar infracciones en movimiento. En la práctica, esto significa que el Estado intenta cerrar la puerta a esquemas donde la multa se imponía con mínima intervención humana, una dinámica que había encendido el debate sobre debido proceso, legitimidad del control y afán recaudatorio.
La decisión no surge en el vacío. Durante años, las fotomultas han sido defendidas por las autoridades como una herramienta para reducir la accidentalidad y vigilar el cumplimiento de las normas, pero también han sido cuestionadas por conductores, abogados y sectores ciudadanos que alegan fallas en la notificación, señalización insuficiente y uso excesivo de tecnología para sancionar. En ese contexto, la nueva directriz del MinTransporte busca recuperar el peso de la autoridad presencial en la imposición de comparendos y, al mismo tiempo, responder a una demanda creciente de mayor transparencia en los operativos de control. El fondo del asunto no es menor: cuando una sanción nace de un procedimiento débil, la confianza en todo el sistema se erosiona.
Para los conductores, el cambio puede significar un alivio parcial frente a operativos que muchas veces se perciben como trampas en la vía, pero también impone una señal política clara: el Gobierno quiere ordenar el uso de estas herramientas y reducir el margen para comparendos automatizados. La discusión ahora será si la nueva regla logra equilibrar seguridad vial y garantías ciudadanas, o si apenas corrige una parte de un problema más profundo, en el que Colombia sigue buscando la línea exacta entre control efectivo y sanción justa.
