Gobierno prepara estatuto antiterrorista y lo enlaza con ley de sometimiento
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno de De La Espriella prepara un estatuto antiterrorista para reforzar la ofensiva contra los grupos armados y llevarlo al Congreso en las próximas semanas. La propuesta iría ligada a la ley de sometimiento, en una jugada que mezcla presión militar con salidas jurídicas.
El Gobierno de De La Espriella alista un estatuto antiterrorista que buscará endurecer la respuesta del Estado frente a los grupos armados y que, según informó El Tiempo - Política, llegaría al Congreso en las próximas semanas. La iniciativa se perfila como una de las apuestas más visibles de la Casa de Nariño para mostrar control territorial y recuperar la iniciativa frente a las organizaciones ilegales.
De acuerdo con la información conocida, el proyecto no avanzaría solo. Iría de la mano de la ley de sometimiento, una combinación que revela la estrategia oficial: aumentar la presión sobre estructuras violentas mientras se abren rutas jurídicas para quienes decidan entregarse o desmovilizarse. En la práctica, el Ejecutivo busca tener dos herramientas simultáneas, una de choque y otra de negociación, en un país donde la discusión sobre seguridad suele naufragar entre el impulso punitivo y la falta de resultados concretos.
El anuncio no es menor. En Colombia, cada intento por endurecer el andamiaje contra el terrorismo y el crimen armado termina atravesado por una pregunta de fondo: si más facultades al Estado se traducen realmente en más seguridad para la ciudadanía, o si terminan ampliando el margen de discrecionalidad sin resolver el problema estructural. Por eso el debate que se avecina en el Congreso no será solo jurídico, sino político y territorial. Lo que está en juego es cómo responder a grupos que combinan guerra, control social y economías ilegales, especialmente en regiones donde la presencia institucional sigue siendo débil.
Si el proyecto aterriza en las próximas semanas como espera el Gobierno, el pulso legislativo será decisivo. El país no solo mirará el alcance de las nuevas medidas, sino también si esta vez la retórica de mano dura viene acompañada de una arquitectura realista para reducir la violencia y proteger a la población civil, que sigue siendo la principal víctima de la disputa armada.
