Colombia

Asocaña denuncia nueva escalada de violencia contra el sector cañero en Jamundí

Hace 6 horas

La violencia en el suroccidente de Colombia volvió a golpear al sector cañero: Asocaña denunció amenazas, la quema de un tractor en Jamundí y un deterioro alarmante de la seguridad en los ingenios. En lo corrido de 2026, la región ya registra un trabajador muerto, cinco heridos y siete secuestrados.

La crisis de seguridad en el suroccidente colombiano volvió a salpicar al sector azucarero. Asocaña denunció un nuevo episodio de intimidación en Jamundí, Valle del Cauca, donde fue incendiado un tractor, en medio de una escalada de ataques que, según la gremial, ya deja 126 hechos de inseguridad en lo corrido de 2026 y 48 trabajadores víctimas en casi cuatro años.

De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo (Colombia), la situación no se limita al daño material. La organización alertó que el balance de este año incluye un trabajador muerto, cinco heridos y siete secuestrados, una estadística que revela que la violencia contra la actividad cañera dejó de ser un riesgo aislado para convertirse en una amenaza persistente sobre la operación, la movilidad y la vida de quienes trabajan en los campos e ingenios de la región.

Lo que ocurre en Jamundí no es un hecho desconectado del mapa más amplio de violencia que atraviesa el Valle del Cauca y el suroccidente. Esa zona, estratégica por su actividad agroindustrial y por su conexión con corredores disputados por grupos armados, lleva años bajo presión. Cuando el ataque se dirige contra maquinaria, fincas y trabajadores, el mensaje es doble: se encarece la producción y se golpea la estabilidad de comunidades que dependen del campo para sobrevivir. En términos prácticos, cada amenaza puede traducirse en menos jornadas laborales, mayores costos de seguridad, retrasos en cosechas y más miedo entre trabajadores que muchas veces ya operan en condiciones precarias.

El caso también vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda: la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad en territorios productivos. Si las cifras reportadas por Asocaña se mantienen o aumentan, el daño no será solo para un gremio, sino para toda la economía regional, que depende de la continuidad de la cadena cañera. En una zona donde el empleo rural es frágil y la autoridad estatal suele llegar tarde, la violencia termina imponiendo su propio impuesto: paraliza, expulsa y erosiona la confianza de quienes aún insisten en trabajar la tierra.

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