El Bajo San Jorge y La Mojana quedan blindados como la mayor zona arqueológica protegida de Colombia
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El Estado colombiano declaró al Bajo San Jorge y a La Mojana como Áreas Arqueológicas Protegidas, blindando 340.000 hectáreas de alto valor histórico. La decisión convierte a este territorio en la zona arqueológica protegida más grande del país y abre una nueva disputa sobre memoria, desarrollo y conservación.
Colombia acaba de dar un paso de gran peso patrimonial: el Bajo San Jorge y La Mojana fueron declarados Áreas Arqueológicas Protegidas, una medida que pone bajo resguardo estatal 340.000 hectáreas y convierte a este corredor del Caribe colombiano en la zona arqueológica protegida más extensa del país. La decisión, informada por El Tiempo (Colombia), no es solo un anuncio técnico; es un reconocimiento político e histórico a un territorio que durante décadas ha sido visto más por sus problemas de inundación, pobreza y abandono institucional que por la riqueza que guarda bajo su superficie.
La medida implica que el Estado le otorga una categoría especial de protección a un paisaje donde conviven memoria ancestral, asentamientos humanos y huellas materiales de ocupación prehispánica y colonial. En términos prácticos, esto significa mayores restricciones sobre intervenciones que puedan afectar el patrimonio enterrado, además de un marco más robusto para investigaciones, control territorial y gestión cultural. De acuerdo con El Tiempo (Colombia), la declaratoria cubre un área inmensa, lo que da una idea de la magnitud del hallazgo y del valor que las autoridades le asignan al conjunto arqueológico de esta región del Caribe interior.
Esta decisión importa por varias razones. Primero, porque cambia la forma en que el Estado mira a La Mojana y al Bajo San Jorge: ya no solo como zonas de crisis ambiental o rezago social, sino como territorios con un capital histórico excepcional que puede convertirse en una herramienta de identidad y de desarrollo. Segundo, porque abre interrogantes sobre cómo se va a compatibilizar la protección patrimonial con las necesidades de las comunidades que viven allí, muchas de ellas golpeadas por la precariedad, la presión sobre la tierra y la falta de infraestructura. En un país donde el patrimonio suele llegar tarde y con poca inversión real, la declaratoria será útil solo si viene acompañada de presencia institucional sostenida, investigación científica y participación local.
También hay una lectura de fondo: Colombia sigue descubriendo que gran parte de su historia está enterrada en regiones periféricas, lejos de los grandes centros urbanos donde tradicionalmente se concentra la atención pública. Que el área arqueológica protegida más grande del país esté en el Caribe colombiano obliga a replantear prioridades: proteger no puede significar congelar la vida de los territorios, pero tampoco seguir permitiendo que la expansión desordenada, la informalidad o la ausencia del Estado borren evidencias irrepetibles del pasado. La declaratoria, en suma, es un avance importante; ahora el desafío es que no se quede en el papel y se traduzca en protección real, conocimiento y beneficios concretos para las comunidades que han habitado y cuidado esta región mucho antes de que el país la reconociera oficialmente.
