Ofrecen $50 millones por contratista del ICBF secuestrado en Uribia; familia alerta por su salud
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Las autoridades colombianas ofrecieron hasta $50 millones por información que permita ubicar a David Rodríguez Gómez, contratista del ICBF secuestrado en Uribia, La Guajira. Su familia pide que se respete su delicado estado de salud, tras una cirugía bariátrica reciente.
La desaparición de David Rodríguez Gómez, contratista del ICBF en Uribia, La Guajira, escaló a una búsqueda prioritaria para las autoridades, que ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones por información que permita ubicarlo y avanzar en su liberación. El caso ha encendido las alarmas en una zona golpeada por la violencia y la presencia de estructuras armadas y delincuenciales que siguen imponiendo miedo sobre la vida cotidiana de la población.
Según informó El Tiempo (Colombia), la familia del trabajador pidió a los captores y a quienes tengan información que respeten su condición de salud, pues Rodríguez Gómez se sometió hace pocos meses a una cirugía bariátrica. Ese dato no es menor: en situaciones de retención forzada, una condición médica reciente puede agravar de manera crítica el estado de una persona si no recibe alimentación adecuada, hidratación y atención oportuna. En otras palabras, el tiempo corre en contra.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de quienes trabajan en territorio, especialmente en regiones como La Guajira, donde la presencia institucional suele convivir con riesgos de seguridad que muchas veces se subestiman desde los centros de poder. Que un contratista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar termine en medio de una crisis de este tipo no solo afecta a su familia; también golpea la capacidad del Estado para operar con normalidad en zonas donde la atención social ya enfrenta barreras profundas por la distancia, la precariedad y la inseguridad. La recompensa anunciada por las autoridades busca acelerar el flujo de información, pero también revela que, cuando la violencia secuestra a un funcionario o contratista, la respuesta pública suele llegar después del daño.
Más allá del operativo en curso, este secuestro confirma una realidad incómoda: en varias regiones del país, la labor social y humanitaria sigue expuesta a los mismos actores que sabotean la presencia del Estado. La exigencia de la familia para que se proteja la salud de Rodríguez Gómez debería ser leída como lo que es: una alerta urgente sobre su estado físico y sobre la obligación básica de garantizar su vida. Si hay algo que este episodio deja claro es que la seguridad en territorios como Uribia no es un asunto abstracto; define, literalmente, quién puede volver a casa y en qué condiciones.
