Ayudas del terremoto bajo la lupa: las alertas oficiales que ponen en duda el control de los damnificados
Omar RodríguezHace 1 hora
Imagen: El terremoto del pasado 10 de agosto dejó cerca de 800.000 damnificados.
Documentos de la Procuraduría y la UNGRD revelan inconsistencias en los registros, municipios con reportes pendientes y familias que continúan enfrentando dificultades para acceder a la asistencia. La situación abre interrogantes sobre los controles destinados a proteger los recursos públicos. Por Omar Rodríguez SANA Prensa Independiente
BOGOTÁ, 15 de noviembre de 2026. Mientras miles de familias colombianas intentan recuperarse de las consecuencias del terremoto del 10 de agosto, los registros utilizados por el Estado para identificar a las personas damnificadas presentan problemas que han generado advertencias de los organismos de control.

Una revisión documental realizada para SANA Prensa Independiente, a partir de comunicados de la Procuraduría General de la Nación, información institucional de la UNGRD y la normativa que regula las ayudas, permite identificar dos riesgos simultáneos: que personas sin derecho a recibir asistencia sean incluidas en los registros y que familias realmente afectadas queden excluidas por errores administrativos o dificultades tecnológicas.
Las alertas oficiales no demuestran por sí mismas que se hayan realizado pagos fraudulentos. Sin embargo, plantean interrogantes sobre la confiabilidad de la información utilizada para distribuir recursos destinados a la emergencia.
La advertencia que encendió las alarmas
El 10 de septiembre de 2026, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a alcaldías y gobernaciones para completar y verificar los registros de damnificados.
La advertencia tenía un fundamento concreto.
Según el consolidado de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con corte al 3 de septiembre, de 501 municipios afectados identificados en 16 departamentos, solamente 124 habían cargado sus reportes.
Los otros 377 permanecían pendientes.
La Procuraduría también informó que la UNGRD había detectado inconsistencias en algunos registros remitidos por las autoridades territoriales.
El organismo de control advirtió que, si esas inconsistencias no eran corregidas, las ayudas humanitarias podían terminar dirigidas a personas que no reunían la condición de damnificadas.
Esta advertencia obliga a examinar la efectividad de los mecanismos de verificación utilizados antes de reconocer beneficiarios.
El cierre de la plataforma y las dificultades posteriores
La Resolución 765 de 2026 estableció el 4 de septiembre como fecha de cierre definitivo del Registro Único de Damnificados (RUD).
La disposición también contempló procedimientos excepcionales de corrección para errores formales, bajo determinadas condiciones.
Sin embargo, el cierre del sistema generó dificultades adicionales.
El 5 de octubre, la Procuraduría informó que, durante visitas y reuniones con autoridades de Risaralda, Quindío y Caldas, identificó problemas para incorporar familias afectadas, actualizar la clasificación de viviendas y garantizar la entrega oportuna de auxilios económicos.
Entre las poblaciones con mayores dificultades figuraban comunidades rurales dispersas y territorios étnicos.
La situación plantea un interrogante sobre la capacidad de los sistemas de información para corregir errores sin comprometer la transparencia y seguridad de los registros.
Cali: familias afectadas seguían esperando respuestas
Las dificultades también fueron documentadas en el Valle del Cauca.
El 6 de noviembre, la Procuraduría requirió a la Alcaldía de Cali adoptar medidas para garantizar la atención de hogares afectados por el terremoto.
Según la información recopilada por el organismo de control, cerca de 4.000 familias reportadas en instrumentos territoriales estarían pendientes de incorporación al registro nacional.
La entidad también advirtió dificultades para tramitar un número similar de solicitudes de actualización sobre el estado de habitabilidad de las viviendas.
Estos reportes evidencian que los problemas administrativos pueden tener consecuencias directas para quienes necesitan alojamiento temporal o asistencia económica.
Más de 778.000 personas registradas
De acuerdo con el Plan de Acción Específico para la Recuperación publicado por la UNGRD, el terremoto dejó 778.281 personas registradas como afectadas en 409 municipios de 16 departamentos.
El balance institucional de octubre también identificó 255.079 viviendas afectadas, de las cuales 51.778 fueron clasificadas como destruidas.
La magnitud de estas cifras evidencia la responsabilidad que tienen las entidades públicas al recopilar, verificar y administrar la información.
Un sistema de registro confiable resulta fundamental para garantizar que los recursos lleguen a quienes cumplen las condiciones establecidas.
Cabe precisar que los 409 municipios con personas inscritas en el consolidado de octubre no corresponden al mismo indicador ni a la misma fecha de los 501 municipios afectados identificados en el reporte EDAN de septiembre.
¿Quién debe responder por la información?
La Resolución 765 de 2026 establece obligaciones de las autoridades territoriales relacionadas con la identificación de los damnificados, la verificación de la residencia, la certificación de daños y la integridad de la información suministrada.
También contempla cruces de bases de datos, procedimientos de validación y mecanismos de seguimiento sobre los recursos entregados.
De acuerdo con estas disposiciones, la información debe pasar por verificaciones antes de consolidar las listas definitivas de hogares beneficiarios.
La existencia de registros inconsistentes no demuestra automáticamente la entrega indebida de dinero.
Para determinar si hubo irregularidades económicas es necesario contrastar los registros cuestionados con las bases finales autorizadas y los soportes de pago.




