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Entre demandas, amenazas y restricciones: las cinco alertas que enfrenta la prensa colombiana

Omar RodríguezOmar RodríguezHace 58 minutos
Entre demandas, amenazas y restricciones: las cinco alertas que enfrenta la prensa colombiana

La Fundación para la Libertad de Prensa cuestionó las garantías para el ejercicio periodístico durante los primeros cien días del gobierno de Abelardo de la Espriella. La organización registró 95 agresiones contra periodistas y reclamó medidas verificables para proteger la independencia de los medios.

BOGOTÁ, 15 de noviembre de 2026. El ejercicio del periodismo en Colombia enfrenta nuevos cuestionamientos sobre sus garantías de independencia y seguridad. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó un balance de los primeros cien días del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en el que señala restricciones al acceso a información oficial, presiones judiciales, controversias sobre los medios públicos y agresiones contra periodistas.

El informe contrasta las actuaciones y decisiones señaladas por la organización con el compromiso expresado por el mandatario el 15 de octubre, cuando aseguró que su administración garantizaría la libertad de prensa.

Para la FLIP, los acontecimientos documentados durante el período examinado muestran una distancia entre esa declaración y las condiciones que enfrentan diferentes medios y profesionales de la información.

Procesos judiciales y cuestionamientos al poder

Una de las primeras preocupaciones expuestas por la FLIP se relaciona con los procesos judiciales promovidos contra periodistas y medios.

La organización señala que desde 2018 mantiene registros de actuaciones judiciales impulsadas por De la Espriella, personalmente o mediante su firma de abogados, que considera posibles mecanismos de presión sobre el trabajo informativo.

Entre el 31 de enero de 2026, fecha que la FLIP toma como inicio del período de campaña electoral, y el 7 de agosto, cuando comenzó el nuevo gobierno, la entidad documentó tres casos que clasifica como acoso judicial.

Durante los primeros cien días de la administración presidencial registró otros dos.

El informe advierte que estas controversias adquieren una dimensión diferente cuando quien impulsa acciones contra periodistas ocupa la Presidencia de la República.

El derecho a acudir a los tribunales y solicitar rectificaciones debe distinguirse del uso abusivo de los procedimientos judiciales para obstaculizar investigaciones o críticas de interés público.

La FLIP sostiene que el Gobierno debe garantizar que los periodistas puedan examinar sus actuaciones sin enfrentar presiones indebidas.

Acceder a la información oficial: otro obstáculo

La segunda preocupación se refiere a las condiciones de acceso de los periodistas a funcionarios y fuentes gubernamentales.

La FLIP cuestiona la Directiva Presidencial 01 de 2026, emitida a comienzos de septiembre, mediante la cual se establecieron procedimientos de coordinación para las comunicaciones institucionales.

La organización considera que algunas disposiciones pueden dificultar el acceso independiente a fuentes oficiales, al exigir coordinaciones previas para entrevistas o declaraciones.

También recoge denuncias sobre formularios de inscripción que no garantizan el ingreso a determinadas actividades, restricciones en canales institucionales de comunicación y diferencias en el acceso a vocerías gubernamentales.

Estas situaciones, según la entidad, afectan especialmente a periodistas regionales que necesitan consultar directamente a las autoridades nacionales.

La discusión plantea una diferencia fundamental: informar mediante comunicados y videos oficiales no equivale a permitir preguntas independientes sobre las decisiones del Gobierno.

Las emisoras de paz y el pluralismo informativo

El tercer punto del balance está relacionado con los medios públicos.

La FLIP cuestionó la suspensión, el 18 de agosto, de la programación de 20 emisoras de paz y otras emisoras descentralizadas de Radio Nacional, cuya emisión fue sustituida temporalmente por contenidos musicales originados desde Bogotá.

Estas emisoras habían sido concebidas para fortalecer la información territorial en comunidades relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz.

Según la organización, los cambios afectaron contenidos vinculados con procesos comunitarios, cultura y seguimiento a los compromisos del acuerdo.

El debate sobre los medios públicos no se limita a la orientación editorial de un gobierno. También incluye el derecho de las comunidades a recibir información plural, especialmente en territorios donde existen pocas alternativas de comunicación.

La FLIP pidió explicaciones sobre las medidas que se adoptarán para recuperar y garantizar la producción periodística local.

Publicidad oficial y posibles presiones económicas

Otra de las alertas se refiere al uso de recursos públicos destinados a la publicidad institucional.

El 12 de noviembre, Carlos Suárez Rojas, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y vinculado anteriormente a la estrategia de campaña del mandatario, publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó que determinados medios habían quedado sin publicidad por decisión presidencial.

La FLIP interpretó esas declaraciones como una señal preocupante sobre una posible relación entre el tratamiento informativo del Gobierno y la distribución de pauta oficial.

La publicidad estatal utiliza recursos públicos y su asignación debería responder a criterios objetivos y transparentes, no a la posición editorial de los medios.

Por ello, la organización solicitó aclarar si existieron instrucciones para retirar publicidad y reclamó la publicación de criterios verificables para distribuir esos recursos.

El balance también menciona la salida del programa Mañanas Blu y la terminación del contrato del caricaturista Vladdo en Noticias RCN.

Sin embargo, la propia FLIP reconoce que no existe evidencia suficiente para atribuir directamente esas decisiones empresariales al Gobierno.

Esta distinción resulta fundamental para evitar presentar sospechas como hechos demostrados.

Noventa y cinco agresiones documentadas contra periodistas

La quinta preocupación del informe está relacionada con la seguridad.

Entre el 7 de agosto y el 12 de noviembre de 2026, la FLIP documentó 95 agresiones contra la prensa, incluidas 35 amenazas.

El registro también contempla el asesinato del comunicador Julián Hincapié, ocurrido en Anorí, Antioquia.

La organización advierte que las amenazas, los desplazamientos forzados y otras formas de violencia afectan la capacidad de los periodistas para investigar e informar sobre situaciones de interés público.

En regiones donde operan organizaciones armadas ilegales, la actividad informativa puede enfrentar riesgos adicionales cuando las coberturas se relacionan con conflictos territoriales, economías ilegales o denuncias de violaciones de derechos humanos.

La protección estatal debe abarcar tanto la prevención de agresiones como la investigación de los hechos denunciados.

Javier Darío Restrepo y la responsabilidad ética del periodismo

La situación descrita por la FLIP también permite recuperar el pensamiento del periodista colombiano Javier Darío Restrepo, reconocido por sus aportes a la ética profesional y a la formación de periodistas latinoamericanos.

Restrepo defendió la necesidad de ejercer el periodismo con independencia, honestidad y respeto por la dignidad humana.

Su pensamiento recuerda que el compromiso con la verdad exige una actitud crítica tanto frente a las versiones oficiales como frente a las afirmaciones que circulan desde otros sectores de la sociedad.

Ese principio también exige diferenciar una denuncia de un hecho judicialmente probado, contrastar las fuentes y permitir que las personas o instituciones cuestionadas expongan su versión.

La defensa de la libertad de prensa no significa que los periodistas estén exentos de responsabilidad. Significa que deben poder investigar y publicar información de interés público sin amenazas, discriminación o represalias indebidas.

Las respuestas que aún necesita la sociedad

El informe de la FLIP plantea interrogantes que requieren información pública y explicaciones institucionales.

Entre ellos se encuentran los criterios utilizados para autorizar el acceso a fuentes gubernamentales, los procedimientos de contratación de publicidad oficial y los mecanismos de protección disponibles para periodistas amenazados.

También resulta necesario conocer la posición del Ejecutivo sobre las observaciones formuladas por la organización y las medidas adoptadas para garantizar que los medios puedan trabajar sin discriminación.

El 9 de septiembre, la FLIP había solicitado una reunión con el presidente para tratar las garantías del ejercicio periodístico. En su pronunciamiento del 15 de noviembre reiteró esa invitación.

Una democracia que necesita preguntas independientes

La discusión sobre la libertad de prensa no concierne exclusivamente a periodistas o empresas de comunicación.

También involucra el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se administran los recursos públicos, qué decisiones toman sus gobernantes y cuáles son las consecuencias de las políticas estatales.

El balance presentado por la FLIP constituye una evaluación crítica de los primeros cien días del gobierno de Abelardo de la Espriella. Sus denuncias requieren seguimiento, contraste institucional y respuestas públicas.

La libertad de prensa se protege no solamente mediante declaraciones oficiales, sino también garantizando que los periodistas puedan preguntar, investigar y publicar sin discriminación ni represalias.

La pregunta que permanece abierta es si las instituciones podrán ofrecer garantías verificables para que el ejercicio informativo se desarrolle con seguridad, independencia y acceso efectivo a la información.

Omar Rodríguez
Omar Rodríguez

Corresponsal | Periodista investigativo

Omar José Rodríguez Bonilla

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