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Cien días, 45 vidas perdidas: la violencia contra líderes sociales sigue golpeando a Colombia

Omar RodríguezOmar RodríguezHace 1 hora
Cien días, 45 vidas perdidas: la violencia contra líderes sociales sigue golpeando a Colombia

El balance de Indepaz también registra 26 masacres, ocho firmantes de paz asesinados y miles de personas desplazadas. Cauca y Antioquia concentran la mayor cantidad de homicidios de líderes sociales, mientras persisten interrogantes sobre la protección estatal y el esclarecimiento de los crímenes. Por Omar Rodríguez SANA Prensa Independiente

Violencia en Colombia_ cifras y regiones

BOGOTÁ, 15 de noviembre de 2026. Los primeros cien días de la presidencia de Abelardo de la Espriella dejan un balance preocupante en materia de seguridad y derechos humanos. Entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre, Colombia registró 45 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, según el más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El documento, elaborado por su Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, también registra ocho firmantes del Acuerdo de Paz asesinados y 26 masacres que dejaron 87 víctimas, entre ellas cinco menores de edad.

Las cifras evidencian la persistencia de la violencia en territorios donde organizaciones comunitarias, autoridades indígenas, líderes campesinos y defensores de derechos humanos enfrentan amenazas relacionadas con distintas dinámicas del conflicto armado.

Aunque el período coincide con los primeros cien días del gobierno de De la Espriella, el informe aclara que los crímenes no pueden atribuirse automáticamente a sus decisiones. No obstante, recuerda que el Estado tiene la responsabilidad de prevenir la violencia y garantizar la protección de la población.

Distribución territorial de asesinatos

Un líder social asesinado cada 2,2 días

De acuerdo con Indepaz, 36 de las 45 personas asesinadas eran hombres y nueve eran mujeres.

El promedio equivale a un homicidio de una persona líder social o defensora de derechos humanos cada 2,2 días.

Más de la mitad de las víctimas pertenecían a procesos comunitarios y comunales: 13 ejercían liderazgos comunitarios y 11 participaban en estructuras de organización comunal.

Este dato permite dimensionar las consecuencias que tienen los asesinatos sobre las comunidades.

La muerte de una persona que participa en la organización de su territorio puede dejar sin representación a vecinos, campesinos y organizaciones que gestionan servicios básicos, defienden derechos colectivos o mantienen interlocución con las autoridades.

Cauca y Antioquia concentran los asesinatos

El Cauca encabeza el registro de Indepaz con 11 líderes sociales asesinados durante el período examinado.

Antioquia aparece en segundo lugar, con ocho casos.

La concentración territorial exige revisar las condiciones de seguridad, las disputas entre estructuras armadas, los mecanismos de protección existentes y las denuncias formuladas por organizaciones locales.

No todos los homicidios responden necesariamente a una misma causa ni pueden atribuirse a un solo actor armado.

El informe también incluye casos en Putumayo, La Guajira, Meta, Valle del Cauca, Norte de Santander y otros departamentos.

La autoría de los crímenes sigue siendo una incógnita

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la ausencia de identificación pública de presuntos responsables.

Según Indepaz, en 44 de los 45 asesinatos registrados no se había identificado al presunto autor en la información disponible para su seguimiento.

La cifra no significa que la Fiscalía carezca de investigaciones, sino que el monitoreo público no permite establecer responsabilidades verificables en esos casos.

La situación plantea preguntas sobre el avance de las investigaciones penales, la protección de testigos y las medidas adoptadas para impedir nuevos ataques contra personas que ejercen liderazgos sociales.

Masacres: 87 personas asesinadas

El balance también documentó 26 masacres, con 87 víctimas, entre ellas cinco menores de edad.

El Valle del Cauca registró seis de estos hechos, mientras Antioquia y Tolima contabilizaron tres cada uno.

En términos de víctimas, el Valle del Cauca acumuló 18 fallecidos, Tolima 12, Huila diez y Antioquia nueve.

Indepaz advierte que cada masacre requiere un análisis particular de sus circunstancias, posibles autores y contextos territoriales.

Las cifras de masacres no deben sumarse directamente a las de líderes o firmantes de paz asesinados, porque podrían existir coincidencias entre categorías.

Ocho firmantes del Acuerdo de Paz asesinados

El Observatorio contabilizó ocho personas firmantes del Acuerdo de Paz asesinadas durante los cien días examinados.

Dos casos ocurrieron en Nariño y otros dos en Cauca, mientras Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Putumayo registraron uno cada uno.

Estos homicidios mantienen abierta la preocupación por las garantías de seguridad de quienes dejaron las armas y participan en procesos de reincorporación a la vida civil.

La protección de los firmantes constituye un componente fundamental para la implementación de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz de 2016.

Miles de personas obligadas a abandonar sus hogares

El informe también registró 6.667 personas desplazadas forzosamente durante agosto y septiembre de 2026.

En esos dos meses se documentaron 17 eventos de desplazamiento, de los cuales 13 fueron clasificados como masivos.

Cauca concentró 3.474 personas desplazadas, seguido por Chocó, con 1.609; Antioquia, con 739; y Bolívar, con 424.

El 63,7 % de las personas incluidas en ese registro resultaron afectadas por combates entre grupos armados, según el balance.

Esta cifra corresponde únicamente a agosto y septiembre. Por lo tanto, no representa un acumulado completo de los primeros cien días de gobierno.

Nuevas preocupaciones sobre el conflicto armado

El informe incorpora otros indicadores que requieren un seguimiento diferenciado.

Entre ellos figuran 43 integrantes de la fuerza pública asesinados y 219 heridos, con base en cifras atribuidas al Ministerio de Defensa.

También registra 339 hechos clasificados oficialmente como terrorismo, con corte al 5 de noviembre, y ocho bombardeos documentados durante el período.

Indepaz expresa preocupación por los riesgos que las operaciones militares pueden representar para menores de edad reclutados por grupos armados ilegales.

El informe recoge, además, seis denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales que requieren investigación judicial independiente.

Estas denuncias no constituyen sentencias ni permiten afirmar responsabilidades penales sin las pruebas correspondientes.

La obligación estatal de proteger a quienes defienden sus comunidades

La persistencia de asesinatos, desplazamientos y ataques contra la población civil plantea desafíos para la política de seguridad del Estado colombiano.

La prevención de los crímenes contra líderes sociales exige medidas que van más allá del despliegue de la fuerza pública.

Resulta necesario evaluar los sistemas de alertas tempranas, las rutas de protección, la investigación de amenazas, el funcionamiento de las instituciones civiles y las condiciones que permiten la permanencia de las comunidades en sus territorios.

También es fundamental conocer qué resultados han tenido las medidas de prevención y protección adoptadas por las autoridades durante el período examinado.

El informe de Indepaz constituye un punto de partida para ese seguimiento, pero no reemplaza las investigaciones judiciales ni una evaluación completa de las políticas públicas.

La violencia no puede convertirse en una estadística cotidiana

Detrás de los 45 líderes sociales asesinados existen familias, organizaciones y comunidades que han perdido personas vinculadas a la defensa de sus territorios y derechos.

Los datos reunidos durante los primeros cien días del gobierno de Abelardo de la Espriella muestran que la violencia continúa afectando a regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.

Determinar las responsabilidades de cada crimen corresponde a las autoridades judiciales. Evaluar la efectividad de las políticas de prevención y protección constituye, entretanto, una obligación de control público.

La seguridad de un país no puede medirse únicamente por sus operaciones militares. También debe examinarse por su capacidad de proteger a quienes trabajan por sus comunidades y de garantizar que ninguna persona sea asesinada por ejercer sus derechos.

Mientras Colombia enfrenta un nuevo período de gobierno, permanece una pregunta:

¿Qué debe cambiar para que defender una comunidad deje de representar una amenaza contra la propia vida?

Omar Rodríguez
Omar Rodríguez

Corresponsal | Periodista investigativo

Omar José Rodríguez Bonilla

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