Calarcá y la paz total: el diagnóstico que expone los límites de la negociación
Imagen: El Tiempo - Política
Camilo González Posso sostiene que la apuesta del Gobierno por la “paz total” chocó con una realidad incómoda: las disidencias de Calarcá habrían optado por la guerra con Mordisco antes que por cualquier salida negociada. El balance, dice, obliga a revisar ilusiones y métodos.
La evaluación que hace Camilo González Posso sobre la llamada “paz total” deja una advertencia de fondo: el principal error no fue solo de cálculo, sino de lectura política sobre la naturaleza de las disidencias. En diálogo con EL TIEMPO, el presidente de Indepaz y exnegociador con ese tipo de grupos sostuvo que la estructura de Calarcá terminó priorizando la confrontación armada con Mordisco por encima de cualquier posibilidad real de negociación, y que el Gobierno tropezó con sus propias expectativas al asumir que todos los actores ilegales estaban listos para transitar hacia una salida política.
González Posso, con años de experiencia en mesas y contactos con actores armados, plantea que el problema de la “paz total” no fue la intención de abrir canales simultáneos de diálogo, sino la sobreestimación de la voluntad de paz de grupos que siguen movidos por la disputa territorial, el control de rentas ilegales y la consolidación militar. En su lectura, el caso de Calarcá muestra que no basta con sentar a una organización en una mesa para que cambie de lógica: hay fracturas internas, intereses cruzados y estrategias de supervivencia que pueden convertir un proceso en un escenario de repliegue táctico más que de negociación genuina. Esa apreciación resulta clave porque explica por qué tantas ceses al fuego, anuncios y acercamientos terminaron conviviendo con hechos de violencia sobre el terreno.
El señalamiento importa más allá de la coyuntura porque toca el corazón de la estrategia de seguridad y diálogo en Colombia. La “paz total” nació con la promesa de bajar la confrontación en varios frentes al mismo tiempo, pero la experiencia reciente sugiere que el Estado enfrentó organizaciones con agendas distintas, capacidades desiguales y, en algunos casos, incentivos claros para usar la negociación como respiro operacional. En ese contexto, la diferencia entre un actor con vocación política y uno que solo busca ventajas militares se vuelve decisiva. Si esa distinción no se hace a tiempo, el costo lo paga la población civil: comunidades atrapadas entre enfrentamientos, corredores humanitarios cerrados, economías locales sometidas a extorsión y desplazamientos que se repiten en zonas donde el Estado sigue llegando tarde o incompleto.
Lo que deja esta crítica es una pregunta incómoda para el Gobierno y para el país: ¿la “paz total” fracasó por exceso de ambición o por falta de realismo? La respuesta, probablemente, está en una mezcla de ambas. Abrir caminos de negociación fue políticamente necesario, pero confundir disposición táctica con compromiso de paz terminó debilitando la credibilidad del proceso. Y en Colombia, cuando una estrategia de seguridad se construye sobre ilusiones, la violencia suele encargarse de devolver la cuenta con mayor dureza.
