Camacol presiona al Gobierno con un plan de reconstrucción rápida tras el terremoto
Imagen: infobae colombia
Tras el terremoto que dejó más de 260.000 afectados y 160.000 viviendas dañadas, Camacol pidió al Gobierno un régimen especial de reconstrucción con menos trámites y alivios fiscales. El gremio advierte que sin medidas urgentes la recuperación puede tardar años y golpear más a los hogares vulnerables.
La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, le pidió al Gobierno Nacional activar un régimen especial de reconstrucción para responder al impacto del terremoto que dejó más de 260.000 personas afectadas y cerca de 160.000 viviendas con daños. La solicitud no es menor: el gremio plantea que, sin una intervención extraordinaria, la recuperación de miles de familias podría quedar atrapada en la lentitud institucional, justo cuando la urgencia exige decisiones rápidas y financiación clara.
De acuerdo con lo reportado por Infobae Colombia, Camacol puso sobre la mesa cinco medidas concretas para destrabar la reconstrucción. Entre ellas están la reducción de trámites, la habilitación de mecanismos más ágiles para intervenir viviendas y la aplicación de un IVA cero para abaratar costos en materiales y obras. La lógica detrás de la propuesta es simple: si el Estado mantiene el andamiaje burocrático habitual, reconstruir puede volverse más caro, más lento y, en la práctica, inaccesible para buena parte de los damnificados.
El planteamiento del gremio llega en un país donde los desastres naturales suelen revelar la fragilidad de la respuesta pública. Colombia conoce bien esa historia: después de emergencias de gran escala, la discusión siempre termina en lo mismo, cómo hacer que la ayuda llegue a tiempo y cómo evitar que la reconstrucción se convierta en una promesa que se diluye entre licencias, contrataciones y trámites. Por eso el llamado de Camacol no solo apunta al sector de la construcción; también presiona al Gobierno para que defina si enfrentará esta crisis con reglas ordinarias o con un esquema excepcional que permita actuar con velocidad y control. La diferencia es crucial, porque el tiempo perdido en burocracia se traduce en más familias viviendo en condiciones precarias, más presión sobre el Estado local y más costos sociales en salud, empleo y educación.
En el fondo, la propuesta abre un debate de fondo sobre cómo reconstruye Colombia después de una catástrofe: si prioriza la velocidad sin perder vigilancia, o si se queda esperando que la maquinaria administrativa funcione como si se tratara de una obra cualquiera. Para los más de 260.000 afectados, la discusión no es técnica sino urgente. Cada día sin vivienda segura prolonga la emergencia y convierte el sismo en una crisis social de largo aliento.
