Cámara definirá nueve artículos de la reforma pensional antes del 30 de octubre
Imagen: El Tiempo - Política
La Cámara de Representantes tendrá que pronunciarse antes del 30 de octubre sobre nueve artículos clave de la reforma pensional, luego de que la Corte Constitucional encontrara vicios de trámite. Aunque el fallo abre un nuevo pulso político, la entrada en vigor de la ley sigue prevista para abril de 2027.
La Cámara de Representantes deberá definir antes del 30 de octubre el destino de nueve artículos de la reforma pensional, en medio de la revisión ordenada por la Corte Constitucional tras la demanda presentada por la oposición por presuntas irregularidades de trámite. El ajuste legislativo no tumba la reforma ni aplaza su puesta en marcha: la norma mantiene su cronograma y entraría a regir en abril de 2027.
El nuevo debate se concentra en disposiciones que quedaron bajo la lupa por el procedimiento con el que fueron aprobadas en 2025, un asunto que para la oposición compromete la legalidad de parte del texto y para el Gobierno representa una batalla por sostener una de sus reformas sociales más importantes. El Congreso tendrá ahora que corregir o ratificar esos apartes en un trámite que será observado con lupa por los magistrados, porque de ese paso depende que la ley quede blindada frente a nuevos cuestionamientos jurídicos.
Más allá del pulso político, lo que está en juego es la arquitectura del nuevo sistema pensional y la seguridad jurídica de una reforma que impactará a millones de trabajadores en Colombia. Si la Cámara no resuelve a tiempo, el riesgo no es solo institucional: también se prolonga la incertidumbre para quienes esperan saber cómo quedará distribuido el sistema entre los distintos regímenes, qué obligaciones tendrá el Estado y qué cambió realmente para los cotizantes. En un país donde la vejez sin pensión sigue siendo la regla para una parte enorme de la población, cada artículo cuenta.
La discusión, además, revela un problema de fondo en el funcionamiento del Congreso colombiano: reformas de alto impacto social que avanzan entre choques políticos, errores de trámite y decisiones judiciales que terminan corrigiendo lo que el Legislativo no logró cerrar bien. Por eso la fecha límite del 30 de octubre no es un simple plazo administrativo. Es la última oportunidad para que la Cámara aclare el expediente y evite que una reforma pensada para ordenar el sistema quede otra vez atrapada en la disputa entre mayorías, oposición y control constitucional.
