Denuncian que Ortega-Murillo simula libertad religiosa mientras endurece el control
Imagen: infobae
Organizaciones civiles y opositoras denunciaron ante la CIDH que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo usa gestos cosméticos para aparentar tolerancia religiosa en Nicaragua. La acusación incluye cierres de entidades, pérdida de exenciones tributarias y detenciones arbitrarias de líderes, sin respuesta oficial del gobierno.
Organizaciones civiles y grupos opositores acusaron al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de mantener en Nicaragua una fachada de libertad religiosa mientras profundiza el control sobre las iglesias y otras entidades de fe. La denuncia fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Panamá, en una audiencia en la que no hubo representación gubernamental, según informó infobae.
De acuerdo con los denunciantes, el patrón no se limita a un mensaje político hacia el exterior, sino a una política sostenida de presión interna. Entre las medidas señaladas figuran el cierre de organizaciones religiosas, la eliminación de exenciones tributarias que históricamente aliviaban la carga financiera de estas instituciones y la detención arbitraria de líderes vinculados a comunidades de fe. Para los expositores, el objetivo es debilitar la autonomía de actores sociales que conservan capacidad de organización y llegada territorial en un país donde la vida pública está cada vez más restringida.
El señalamiento encaja en un deterioro más amplio de las libertades en Nicaragua, donde el poder de Ortega y Murillo ha avanzado sobre medios, ONG, universidades y ahora también sobre espacios religiosos que durante décadas funcionaron como refugio moral y, en algunos casos, como canal de mediación social. La ausencia de una respuesta formal del Ejecutivo en la audiencia refuerza la percepción de aislamiento internacional, pero también evidencia que el régimen apuesta por administrar el costo diplomático mientras mantiene intacto el esquema de control interno. En términos prácticos, la persecución a líderes religiosos impacta a comunidades enteras que dependen de esas redes para asistencia, acompañamiento y organización local.
La denuncia ante la CIDH también deja ver un elemento clave: la batalla por la libertad religiosa en Nicaragua no es solo doctrinal, sino política. Cuando un Estado castiga a quienes predican, administran obras sociales o articulan comunidades, lo que está en juego es algo más amplio que la práctica de un culto. Es la capacidad de la sociedad de reunirse, disentir y conservar espacios autónomos frente a un poder que, según los denunciantes, quiere proyectar normalidad hacia afuera mientras cierra el cerco hacia adentro.
