De la Espriella desafía la orden judicial y convierte Cartagena en pulso político por los símbolos patrios
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Abelardo de la Espriella y su campaña desafiaron en Cartagena una orden judicial que les prohíbe usar bandera, escudo y otros símbolos patrios en actos políticos. El choque abre una nueva batalla legal en la recta final presidencial en Colombia.
Cartagena se convirtió este martes en el escenario de un choque abierto entre la justicia y la campaña del ultraderechista Abelardo de la Espriella. Pese a una orden del Tribunal Superior de Bogotá que le prohibió usar símbolos patrios y referencias a instituciones militares o policiales en su propaganda, el aspirante presidencial llenó la plaza de la Aduana con banderas de Colombia, camisetas amarillas y un mensaje de campaña que buscó convertir la restricción en combustible político.
La decisión judicial, emitida el mismo día por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, responde a una tutela presentada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos y ordena retirar en un plazo de 24 horas toda la propaganda que utilice la bandera, el escudo nacional o imágenes asociadas a la Fuerza Pública. La medida también alcanza el lema central de la campaña y el nombre del movimiento Defensores de la Patria, al considerar que su uso en contexto electoral puede vulnerar derechos y cruzar límites entre la identidad nacional y la contienda partidista. Sin embargo, lejos de bajar el tono, el equipo del candidato respondió con otra tutela para intentar revertir la decisión y denunció una afectación grave a sus derechos de participación e igualdad ante las autoridades.
En el mitin, De la Espriella no solo desobedeció de facto el mandato judicial, sino que lo transformó en una escena de confrontación política. Desde la tarima pidió a sus seguidores mantener vivas sus consignas en celulares, redes sociales y prendas de vestir, y presentó la disputa legal como una batalla por la libertad frente a lo que considera un intento de censura. Esa estrategia no es menor: en una campaña marcada por la polarización, el uso de símbolos nacionales suele servir para vestir de patriotismo propuestas duras en seguridad, orden y autoridad, especialmente entre electores que buscan mensajes de firmeza. El problema es que cuando esos emblemas se convierten en propaganda, el debate deja de ser solo electoral y entra de lleno en el terreno constitucional.
Lo que está en juego va más allá de una plaza llena en Cartagena. La decisión del tribunal pone sobre la mesa un dilema recurrente en América Latina: hasta dónde puede llegar un candidato al apropiarse de símbolos del Estado para construir identidad política sin borrar la diferencia entre nación y partido. Si la tutela se mantiene, la campaña de De la Espriella tendrá que recalibrar su narrativa en plena recta final hacia la segunda vuelta del 21 de junio; si el recurso prospera, su equipo habrá conseguido convertir una restricción judicial en una bandera de campaña. En ambos casos, el episodio confirma que la pelea por el poder en Colombia también se libra en el terreno simbólico, donde la bandera vale tanto como el voto.
