Gobierno y Cartagena apelan condena billonaria por desastre en Membrillal
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El Gobierno Nacional y el Distrito de Cartagena apelaron la sentencia que los condenó a pagar una millonaria indemnización por la tragedia asociada a la falla geológica en Membrillal, comunidad indígena del corregimiento de Pasacaballos. La decisión abre un nuevo pulso jurídico sobre la responsabilidad del Estado en uno de los casos ambientales y sociales más sensibles de la ciudad.
El Gobierno Nacional y el Distrito de Cartagena decidieron mover su última ficha en el litigio por la tragedia de Membrillal: la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra la sentencia que los condenó a responder económicamente por los daños causados a la comunidad indígena afectada por una falla geológica. Con esa jugada, el caso no queda cerrado y entra en una nueva fase judicial en la que el país vuelve a discutir hasta dónde llega la responsabilidad del Estado cuando el desastre no es solo natural, sino también institucional.
De acuerdo con la información conocida a través de El Tiempo (Colombia), la condena impuso una carga billonaria al Estado por las afectaciones sufridas por los habitantes de Membrillal, en el corregimiento de Pasacaballos, al suroccidente de Cartagena. La apelación de la ANDJE busca que el alto tribunal revise los fundamentos de la decisión, en un caso que combina riesgos geológicos, daño ambiental, vulneración de derechos colectivos y la presunta omisión de las autoridades frente a una amenaza que, según los demandantes, venía advirtiéndose desde hace años. En términos prácticos, lo que está en juego no es solo el monto de la indemnización, sino quién asume políticamente y financieramente el costo de una tragedia que terminó golpeando a una comunidad indígena ya expuesta a la precariedad histórica.
El expediente de Membrillal es incómodo porque toca una de las preguntas más sensibles de la gestión pública en Colombia: qué pasa cuando el Estado conoce un riesgo, pero no actúa con la rapidez o la eficacia que la población necesita. No se trata únicamente de una disputa legal entre abogados; es una discusión sobre prevención, ordenamiento territorial y abandono estatal en zonas periféricas donde las comunidades vulnerables suelen quedar atrapadas entre la geografía y la burocracia. Si el Consejo de Estado confirma la condena, el mensaje para las entidades públicas será contundente: omitir la gestión del riesgo también tiene consecuencias patrimoniales. Si la revoca o la modifica, el debate girará hacia los límites de la responsabilidad estatal frente a fenómenos naturales de gran complejidad.
Más allá del fallo que venga, el caso deja al descubierto una constante en Colombia: muchas tragedias se agravan no por falta de diagnósticos, sino por la tardanza en convertirlos en decisiones concretas. En una ciudad como Cartagena, donde conviven el turismo, la expansión urbana y zonas marcadas por la exclusión, Membrillal recuerda que detrás de los expedientes millonarios hay comunidades que llevan años esperando respuestas reales. Y mientras la pelea jurídica avanza, la pregunta de fondo sigue intacta: ¿quién repara a tiempo cuando el Estado llega tarde?
