CGT empuja una huelga general por la vivienda y sube la presión sobre los sindicatos

Imagen: El País
La CGT salió de su congreso con una apuesta política clara: empujar una huelga general por el derecho a la vivienda. La iniciativa llega en plena presión social, tras las marchas multitudinarias del sábado, mientras CC OO y UGT aún calibran su respuesta.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha decidido convertir el creciente malestar por la crisis de la vivienda en una ofensiva sindical de mayor alcance: impulsar una huelga general. La propuesta salió fortalecida de su congreso interno y coloca al sindicato en la primera línea de una batalla que ya no se limita a exigir alquileres asequibles o más parque público, sino que busca paralizar la actividad laboral como forma de presionar al Gobierno y a las grandes fuerzas económicas que se benefician de un mercado cada vez más inaccesible.
El movimiento llega apenas después de las marchas multitudinarias del sábado, en las que miles de personas volvieron a exigir respuestas ante el encarecimiento de la vivienda y reclamaron que la protesta social dé un salto cualitativo. Según informó El País, mientras la CGT acelera su estrategia, CC OO y UGT todavía están valorando cómo responder a un clima social que ha ido acumulando frustración por la falta de soluciones efectivas. Esa diferencia de ritmo sindical no es menor: marca dos maneras distintas de leer el momento político y de medir hasta dónde puede crecer la conflictividad en los próximos meses.
Lo que está en juego va más allá de una convocatoria concreta. La vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de precarización en España y, por extensión, en una bomba social que afecta a trabajadores, jóvenes y familias enteras que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler o se ven expulsadas de sus barrios. Cuando un sindicato plantea una huelga general por este motivo, está diciendo que el problema ya no es solo urbanístico o inmobiliario, sino laboral, democrático y de justicia social. En términos prácticos, la discusión interpela también a CC OO y UGT, que suelen medir con cautela cualquier paso hacia un paro general por el coste económico y político que podría tener.
La pregunta, por tanto, no es solo si la CGT logrará arrastrar a otras organizaciones a una acción conjunta, sino si el malestar por la vivienda ha alcanzado una intensidad suficiente para convertir la calle en un conflicto sostenido. Si la respuesta sindical se fragmenta, la presión podría diluirse; si, por el contrario, cristaliza una agenda común, el debate sobre la vivienda dejará de ser una promesa pendiente para convertirse en una crisis con capacidad real de alterar la agenda del Gobierno y el pulso social en España.


