Ayotzinapa: la CNDH absuelve al Ejército, pero Encinas exhibe un soldado infiltrado
Imagen: infobae
La CNDH cerró el paso a nuevas responsabilidades del Ejército en el caso Ayotzinapa, pero Alejandro Encinas respondió exhibiendo documentos militares sobre un soldado infiltrado entre los normalistas. El choque reaviva una pregunta incómoda: qué sabía realmente la Sedena la noche de la desaparición de los 43.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos intentó ponerle un candado a la responsabilidad castrense en el caso Ayotzinapa, pero la discusión volvió a abrirse de inmediato cuando Alejandro Encinas presentó documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre Julio César López Patolzin, un soldado que habría estado infiltrado entre los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. La revelación no sólo tensiona la lectura oficial del expediente, sino que vuelve a colocar al Ejército en el centro de una de las investigaciones más dolorosas y políticamente sensibles de México.
De acuerdo con la información difundida por infobae, la polémica surgió a partir de una recomendación de la CNDH que exime al Ejército de nuevas responsabilidades en la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en 2014. Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos y uno de los funcionarios que encabezó la búsqueda de verdad en el sexenio pasado, reaccionó mostrando documentación militar relacionada con López Patolzin, lo que sugiere que la estructura de inteligencia castrense tenía presencia en torno a los estudiantes en los días previos y durante los hechos. Ese dato no es menor: en un caso donde cada pieza de información ha sido disputada durante años, la existencia de un agente infiltrado abre interrogantes sobre vigilancia, omisiones y posible encubrimiento institucional.
El fondo del asunto es político, judicial y moral. Ayotzinapa no sólo fue una tragedia de seguridad pública; también terminó convirtiéndose en una prueba sobre los límites del Estado mexicano para investigarse a sí mismo. La CNDH, que debería funcionar como contrapeso de poder y defensa de las víctimas, ahora queda bajo la crítica de quienes consideran que su resolución minimiza la posible cadena de responsabilidades militares. Encinas, al exhibir esos documentos, reintroduce una tensión que el gobierno y las instituciones han intentado contener durante años: si hubo un soldado infiltrado, qué reportó, a quién respondió y por qué esa información no fue procesada con transparencia desde el inicio. En términos prácticos, la pregunta importa porque define si el caso se sigue leyendo como una desaparición cometida por autoridades locales y grupos criminales, o como una operación mucho más amplia en la que el Estado tuvo conocimiento, vigilancia y posiblemente capacidad de intervenir sin hacerlo.
Lo que está en juego no es sólo una discusión entre exfuncionarios y organismos públicos. Para las familias de los 43, cada nuevo documento confirma que la verdad completa sigue fragmentada y que las instituciones todavía administran retazos de información en lugar de entregar una explicación sólida. Para el país, Ayotzinapa continúa siendo el espejo más incómodo de la impunidad mexicana: si ni siquiera un caso con presión nacional e internacional logra cerrar la brecha entre lo que se sabe y lo que se oculta, el mensaje para las víctimas de otros estados es devastador. Y por eso esta nueva polémica no se agota en un intercambio de declaraciones: reabre la sospecha de que el expediente aún guarda piezas clave que podrían cambiar la historia oficial.
